La juez de los ERE dirige las pesquisas a la gestión de Viera en Empleo

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dirige ahora su investigación hacia las ayudas públicas que aprobó el senador y líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, durante su etapa como consejero de Empleo (2000-2004). La magistrada ha pedido a la Junta en un auto la documentación relativa a las subvenciones que percibieron seis Ayuntamientos y 15 empresas de la Sierra Norte de Sevilla en esa época.

Viera ratificó estas subvenciones en un consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que presidía, pero la juez no menciona al exconsejero en su auto y se limita a enumerar las entidades, ya que si lo hiciera y contara con indicios de delito debería elevar la causa al Tribunal Supremo, ya que Viera es senador y por tanto aforado.

El PP denunció el pasado 26 de septiembre las ayudas que Viera concedió a 42 empresas y 13 Ayuntamientos por 35 millones. Los populares se refirieron a una "trama Viera" que avaló ayudas con una publicidad nula. Fue una denuncia doble: ante los medios de comunicación y mediante un escrito ante la juez. Al día siguiente Alaya reaccionó y dictó este auto [que se envió ayer a las partes] en el que selecciona las subvenciones dadas a 15 empresas y seis Consistorios. Los pagos que investigará Alaya suman más de 16 millones. Un portavoz del PSOE de Sevilla se limitó a decir ayer que respetan las decisiones judiciales.

Hasta ahora la juez ha exigido a la Junta 128 expedientes, aunque ya ha explicado que planea examinar todos los expedientes del fondo para empresas en crisis que Empleo dotó con 647 millones.

Entre las empresas beneficiadas destacan dos firmas participadas como administrador por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, Corchos Higuera y Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), que percibieron 3,6 millones de Empleo. Estas entidades junto a Corchos de Cazalla, de la que Borbolla fue apoderado, recibieron en total 6,6 millones. El objetivo específico de las subvenciones era el "mantenimiento de los empleos", según señaló Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años.

En el listado de Alaya destacan asimismo la Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, que recibió 1,4 millones, y el Hotel La Posada del Moro y San Goy, empresas relacionadas, que dispusieron de 900.000 euros de la Junta. "La acusación judicial no me dice nada. La ayuda se concedió para comprar un terreno y una ampliación del hotel", alegó ayer el propietario del hotel, Juan Martínez.

Además, la juez ordena a la Junta que le entregue el contrato firmado con el exdecano del Colegio de Abogados de Jerez, Ignacio Vergara, para que le asesorara a cambio de 150.000 euros. Mientras, cita a comparecer en su juzgado a Antonio González Pérez, delegado sindical de UGT en la empresa Promi.