El interventor local de Ourense alerta de la contratación irregular de personal

Un informe del interventor del Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, notifica irregularidades en la contratación de personal para la asistencia técnica al servicio de Urbanismo. El documento pone reparos a facturas por valor de 8.017 euros, emitidas por cuatro trabajadores contratados para realizar informes sobre expedientes administrativos. Los empleados hacen su trabajo en dependencias municipales a pesar de no ser empleados públicos. Si su relación laboral se extiende más allá de los dos años, podrían reclamar judicialmente la consolidación del puesto como personal laboral indefinido. El informe afirma que es un caso de "supuesta cesión ilegal de trabajadores".

El interventor alerta, además, en su informe de que la facturación supera los límites admisibles para una contratación directa a través de ese servicio, ya que se produce de una forma periódica y repetitiva.

Destaca junto a ello que se está produciendo fraude de ley, dado que la legislación de contratos del sector público imposibilita la consolidación de las personas que hayan realizado trabajos para el ente contratante. Y avisa, además, de que se podría reclamar la nulidad de las actuaciones de estos empleados.

El PP no ha tardado en denunciar que el grupo de gobierno, el bipartito PSOE-BNG, tiene abierta una "puerta trasera para la contratación de personal" y estima en 415.000 euros el gasto municipal para lo que interperta como el pago de "favores políticos".

Una junta de gobierno extraordinaria del 4 de agosto, aprobó un "plan de empleo para interinos sin plaza de la concejalía de Urbanismo". El programa, que tiene un coste anual de 294.000 euros, implica la contratación de dos arquitectos, dos ingenieros, dos topógrafos y dos técnicos de administración general por un período de entre 4 y 6 años.

Fuentes municipales recalcan que estos trabajadores son necesarios para reforzar la redacción del nuevo plan de urbanismo, tras la ilegalización del aprobado poer el PP en 2003. El documento fue tumbado judicialmente porque, entre otras irregularidades, hubo un cambiazo en los planos que se expusieron al público con respecto a los que se llevaron al pleno para su aprobación.

La edil de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, asegura que el coste de este tipo de asistencias técnicas serán reintegradas a las arcas municipales como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia. Soto sostiene que estas contrataciones "son normales y sería una irresponsabilidad no hacerlas, debido a la compleja situación heredada" en ese departamento.