Positivos del pleistoceno
La UCI ha comunicado este mes a la federación española dos casos de dopaje de 2010
Quien pensara que la lentitud de la justicia deportiva en asuntos de dopaje quedaba ejemplificada en casos como el de Alberto Contador (su clembuterol del Tour de 2010 se juzgará a partir del 21 de noviembre próximo en el TAS) o el de Ezequiel Mosquera (aún a la espera de resolución federativa por un positivo de septiembre de 2010) se quedaba corto. Parece imposible, pero se puede ser más lento aún, como demuestra el avatar vivido por cinco controles positivos (dos de ellos correspondientes a corredores españoles) correspondientes a la primavera de 2010 que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha comunicado a las federaciones nacionales para que procedan disciplinariamente este mes, septiembre de 2011, casi año y medio después de que los laboratorios respectivos descubrieran las sustancias prohibidas en la orina de los incriminados.
Según fuentes conocedoras del caso, los dos positivos españoles, por sustancias estimulantes, correspondieron a dos ciclistas veteranos de equipos de segundo nivel que pasaron controles en dos carreras de 2010: la Klasika de Primavera, en abril, y en la Vuelta a Asturias, en mayo. Uno de ellos ha renunciado al contraanálisis (su orina sigue congelada en el laboratorio de Madrid) para acelerar el procedimiento.
"Fue un caso de negligencia de un empleado, que ya ha sido despedido", explicaron en la UCI a las federaciones para justificar un retraso que, aparte de poner en entredicho la seriedad de la lucha antidopaje en la federación presidida por Pat McQuaid, el control de la información y la responsabilidad de sus responsables, genera una gran dosis de inseguridad en todos los actores del ciclismo mundial y, de nuevo, mala imagen para el compromiso español en la lucha contra el dopaje.
No es este, de todas maneras, el único elemento preocupante emitido recientemente por la UCI en relación con la lucha antidopaje, sumida en cierto caos con la dimisión fulminante de la anterior responsable del departamento, la australiana Anne Gripper, y su sustitución en marzo de 2010 por la italiana Francesca Rossi. Pese a haber acabado con pérdidas en 2009, según publica la UCI en su informe financiero, el presupuesto de la Fundación Antidopaje descendió en 2010, pasando de unos 6,7 millones de euros a 6,5. Con ello descendió también el número de controles en un 21% (de 15.699 en 2009 se bajó a 12.922 en 2010), siendo más espectacular el descenso en los controles de fuera de competición (un 41% menos, se pasó de 9.080 a 5.273, menos aún que en 2008) y también el de los controles específicos para la joya de la corona de la lucha antidopaje de la UCI, el pasaporte biológico, que bajaron de 10.603 en 2009 a 8.342 en 2010. Así, la fundación, que incrementó su personal en tres personas, de siete a 10, terminó con un superávit de casi medio millón de euros.
Según diferentes fuentes, por falta de dinero hubo un parón en este tipo de controles de unos seis meses a finales de 2010 y comienzos de 2011, lo que invalida el rigor de los pasaportes, un concepto basado en la evolución de los parámetros sanguíneos de los deportistas sometidos a análisis regulares. Además, los deportistas, al comprobar que no había controles tuvieron la oportunidad de pensar en pecar. Por su parte, los equipos, que financian al 59% la fundación antidopaje, no se quejaron por el descontrol en el uso de su contribución. "En 2009 el número de controles fue extremadamente alto, lo que supuso un gasto enorme", explica Rossi en la memoria de la UCI. "La intención de la UCI es hacer todo lo posible para mejorar el sistema de controles a los más sospechosos".
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