Déficit y recortes
Aunque parezca mentira hay que recordar que el déficit y la deuda aparecen cuando los ingresos quedan por detrás de los gastos, y que eso puede suceder porque los gastos crecen, porque los ingresos no lo hacen o bajan, o por una combinación de ambas cosas. El Reino de España ha tenido tradicionalmente una presión fiscal menor que la media de la Unión Europea, al comienzo de la crisis la diferencia era del orden de los cinco puntos sobre la media de la Unión, y de siete sobre la media de los países del euro. Lo que significa un ingreso público que se mueve, según el caso, entre algo más de 50.000 millones y algo menos de 80.000 millones al año, de ingresos que faltan. Al mismo tiempo el gasto social del Reino de España (pensiones, protección social, vivienda, enseñanza y sanidad) se sitúa entre cinco y siete puntos por debajo de la media de la Unión, no menos de 50.000 millones al año. Como, salvo las pensiones, los responsables de los servicios que están financiados por debajo de la media son los gobiernos regionales, el peso de esa subfinanciación recae sobre los mismos, constante todo lo demás.
Autónomos, directivos y empresarios declaran rentas inferiores a las de los asalariados
Una de las consecuencias de la crisis ha sido el derrumbamiento de la presión fiscal, consecuencia de un sistema fiscal mal diseñado. No es que al decrecer la actividad económica los ingresos públicos bajen, que también, es que al contar con un sistema fiscal que nutre mal, la recaudación cae mucho más que la actividad económica. De una presión fiscal situada en el entorno del 40% hemos pasado a otra que se halla en el entorno del 33%, en globo algo menos de 80.000 millones al año de ingresos públicos. En Alemania cayó un punto. Si nuestro sistema fiscal fuera similar al germano, el déficit del Estado sería casi inexistente, y el del conjunto de las administraciones públicas andaría por el 4% o algo más. El sistema está tan mal diseñado que en un año, este, en el que los beneficios empresariales crecen, la recaudación del impuesto de sociedades cae. Eso sí, el IRPF se ha convertido en un impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal, el IVA está por debajo de la media, y lo mismo sucede con los impuestos especiales, el tipo efectivo (el nominal es literatura) del de sociedades está próximo al 12% irlandés y vivimos en un país en el que, oficialmente, autónomos, profesionales, directivos y empresarios declaran rentas medias inferiores a la renta per cápita e incluso a las de los asalariados. El nombre de la crisis de las finanzas públicas es: debilidad fiscal.
No nos debe extrañar que los sondeos muestren que la opinión de los ciudadanos sobre el sistema fiscal sea la que es: es injusto, grava más a los pobres que a los ricos, tolera el fraude y la elusión fiscal, etc. Ni que, cuando en sondeo ad hoc, se les pregunta si estarían dispuestos a pagar más por tener mejores servicios la respuesta sea mayoritaria o casi mayoritariamente positiva, sin que haya grandes diferencias entre el electorado popular y el socialista, que, por materias, sólo se diferencian por la mayor proclividad de los conservadores al gasto en defensa y su mayor hostilidad al endeudamiento público.
La insuficiencia del gasto social es una de las consecuencias de esa debilidad fiscal, y esa insuficiencia es particularmente gravosa para las Comunidades Autónomas, no sólo porque son responsables de la mayoría del mismo, sino también porque estas viven casi excluidamente de las transferencias estatales y tanto estas como su propia fiscalidad dependen en muy alto grado de la construcción y del consumo interno, ambos en regresión.
Cuando llega la hora de las rebajas los gobiernos regionales se ven atrapados: como los ingresos menguan hay que actuar, pero el grueso de los gastos se va en tres partidas: protección social, enseñanza y sanidad, que, de media, suponían en 2008 el 64,1% del presupuesto inicial. El margen que se tiene para sanear recurriendo exclusivamente a la disminución del gasto es reducido, porque, símbolos aparte, no hay mucho margen en el caso de los gastos corrientes. Si casi dos tercios del gasto es gasto social resulta obvio que, si se desea ahorrar recurriendo sólo a la reducción del gasto, "tocar" enseñanza, sanidad y servicios sociales es inevitable. Naturalmente, como se trata de servicios intensivos en personal, y muy valorados por la opinión pública, meter la tijera en los mismos, de modo notable y sostenido viene a ser políticamente tóxico. El regalo envenenado que las elecciones de mayo le hicieron al PP empieza a salir a la superficie. En los casos, como el nuestro, en los que el sistema de financiación, muy mal negociado por el gobierno anterior, nos perjudica seriamente, el problema es aún más serio. No se puede seguir viviendo de las transferencias de papá Estado.
La lógica indica que si no es factible conseguir un recorte importante sin correr riesgos políticos serios, la necesaria política de austeridad debe complementarse con una mejora del ingreso mediante una reforma a fondo del sistema fiscal, mientras esa no llega los gobiernos regionales tienen poco margen de maniobra, pero lo tienen. Lo que ocurre es que usarlo les introduce en el peligroso mundo de la disciplina fiscal. Ese margen pasa por recuperar los ingresos de los impuestos cedidos que se ha liquidado (patrimonio, sucesiones) y usar de su propio poder fiscal bien sea recurriendo a tasas propias (donde no hay mucho que rascar) bien sea suprimiendo desgravaciones y estableciendo recargos sobre los impuestos estatales (donde sí hay margen). Pero eso implica un riesgo político no desdeñable: ingresos significativos por esa vía sólo se pueden obtener gravando a los muy influyentes sectores sociales de mayor renta, y, para el caso del PP, supone dejar de lado uno de sus lemas favoritos: la receta mágica de la bajada de impuestos. Convertirse en prisionero de la leyenda urbana de la economía de la oferta tiene esas consecuencias.
A la postre el principio de realidad se acaba imponiendo: sea cual sea el resultado de las urnas, el día 20 de noviembre los gobernantes nacionales y regionales necesitan aumentar el ingreso, y van a subir los impuestos. La pelea va a estar en qué medida los barones regionales van a poder endosarle la papeleta al Gobierno nacional, y en qué medida este va a ser capaz de imponer el reparto de tan amarga medicina. Si yo fuera el señor Fabra o don Mariano Rajoy elevaría preces para que la propuesta Rubalcaba de recuperar el impuesto sobre el patrimonio tenga éxito, un sapo menos, y si, además, la subida afecta a las clases medias, mejor. A la postre todos van a seguir la senda del candidato socialista y del presidente Monago. Al tiempo.
