El grupo que iba a comprar Alfageme amenaza con suspender la oferta

Las prisas son malas consejeras. Dos meses antes de los comicios locales, en medio de una fuerte presión social, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, y el entonces director del Igape, Joaquín Varela (que cesó tras ser imputado en la Operación Campeón por presunto fraude en subvenciones), anunciaron un fabuloso acuerdo para salvar parte de los muebles de Alfageme, la conservera propiedad del grupo inmobiliario Promalar que se fue a pique pese a recibir multimillonarias ayudas públicas del Gobierno bipartito.

La operación, planeada en la recta final de la suspensión de pagos de la conservera, suponía la venta de dos de sus fábricas -en Vilagarcía y Ribadumia- al grupo cántabro Consorcio. Todos, administradores judiciales, sindicatos y trabajadores, vieron el proyecto con buenos ojos. Todos menos la familia Lago, dueños de Promalar, que presentaron un recurso contra la liquidación de los bienes propuesta. Reclaman que la Xunta sea calificada como un acreedor ordinario, no privilegiado. Eso despojaría a la Administración del poder de enajenar los bienes.

Consorcio se da hasta noviembre para sacar adelante su proyecto

Han pasado seis meses, no hay noticias del juzgado y el grupo Consorcio está a punto de tirar la toalla. Los extrabajadores han recibido la noticia de que la firma cántabra abandonará su plan si no se aclara la situación antes del 31 de octubre. Se esfumarían las esperanzas de salvar los 150 puestos de trabajo comprometidos. "Nuestra intención es que [el conflicto] se solucione cuanto antes para comenzar a trabajar. Lógicamente no podemos alargarlo para siempre, pero seguimos pensando en que lo mejor es activar la marca Miau y reflotar la compañía", aseguraba ayer un portavoz del grupo Consorcio, que eludió poner fecha al abandono de la oferta. "Los Lago pleitean por todo para abortar la venta, utilizan empresas fantasma", asegura desde la CIG Rosa Abuín. Se refiere a una empresa de Tui que, según fuentes de la plantilla, estaría vinculada a Promalar y que presentó una oferta por las fábricas del Salnés.

Los exempleados celebrarán reuniones mañana y el día 4 de octubre para decidir nuevas acciones de protesta. Pero el tiempo corre en su contra. La operación pactada entre la Xunta y el Consorcio incluye la compra de activos de la conservera por valor de 33,2 millones de euros. Los bienes de la empresa avalan la mayoría del pasivo, y dos millones se iban a dedicar al pago de indemnizaciones de los obreros sometidos a un ERE que no fuesen contratados. Otros 567.000 euros se inyectarían en efectivo. Eso garantizaba recuperar la actividad y más de un centenar de contratos. La Xunta avalaba el pacto con un préstamo de nueve millones del Banco Europeo de Inversiones con límites a la venta de las fábricas durante 10 años.

Pero además del hecho dramático de que las plantas estén paradas, las marcas se devalúan. Miau, fuera de los lineales del supermercado, fue valorada en 2009 por 22 millones de euros junto a las enseñas del grupo, Eureka y Peña. "No dan ni la cuarta parte por ellas", reflexiona ahora un extrabajador. La plantilla ha ido cobrando con cuentagotas las indemnizaciones que sufraga el Fondo de Garantía Salarial. De los 90 empleados en la sede de Vigo todavía no han sido indemnizados un grupo de 15 personas.

Ante estas circunstancias, la Consellería de Economía no contesta ni explica la situación de Alfageme por la que se hicieron tantos números. La banca (Novacaixagalicia y el Popular) y la Xunta son los principales acreedores de la conservera, cuyo pasivo suma 65 millones de euros. Cerca de 46 millones son créditos avalados con dinero público en una época de vacas gordas. Cargas financieras enormes, una gestión muy deficiente y un planteamiento erróneo del negocio dieron al traste con la firma.