Territorio fronterizo

Qué pasa cuando los rescates económicos fracasan? La eurozona lo está averiguando en Grecia, donde un Gobierno cada vez más impotente promete más austeridad para aplacar a los acreedores internacionales tras quedarse corto con sus promesas de reforma. Pocos creen que la austeridad vaya a funcionar, pero la eurozona sigue adelante con ella por miedo a la alternativa.

Juergen Stark, el miembro directivo saliente del Banco Central Europeo, tiene una solución; él y los coautores de un reciente artículo piden un "síndico fiscal", un guardián de la eurozona independiente, capaz de abrirse camino entre las políticas locales y dictar la política financiera. Los griegos se limitarían a hacer lo que les digan y los mercados no tendrían que preocuparse por una suspensión de pagos.

Stark no es lo bastante ingenuo para pensar que esa clase de síndico financiero es posible mañana mismo. Lo describe como el "último paso" de un proceso que desemboque en una integración fiscal más estrecha de la eurozona. Pide que los Estados acuerden unos objetivos fiscales estrictos, unas leyes nacionales duras para corregir los déficits del pasado y unas sanciones automáticas para los países morosos.

Los Estados miembros intentan actualmente pactar unas normas fiscales más estrictas. Pero Stark y sus coautores sostienen que siguen dejando demasiado margen para las injerencias y los retrocesos políticos, y que la eurozona carece de un órgano independiente que imponga disciplina.

Esta visión de una entidad que obligue a respetar la ley en la eurozona lleva hasta el extremo la idea de que la unión monetaria necesita un cambio radical en su gobierno fiscal, por el cual los Estados más débiles se verían obligados a renunciar a la soberanía a cambio de apoyo financiero.

No cabe duda de que la crisis ya está obligando a los Estados miembros a acercar más sus políticas fiscales y algunos de ellos están enmendando sus constituciones para que la disciplina fiscal sea más rigurosa. Sin embargo, la tesis fundamental de Stark -mucha menos capacidad de decisión para los Gobiernos nacionales y una renuncia total, aunque temporal, a la autoridad presupuestaria- parece ambiciosa. Pasa por alto el grave riesgo político de que a un síndico externo le pueda resultar imposible conseguir el apoyo político necesario para obligar a aceptar la austeridad. Podría tardarse años antes de que las políticas económicas y sociales de los miembros de la eurozona sean lo suficientemente similares para permitir esa clase de renuncia; y una vez que estén en la misma línea, no serán necesarios los servicios de un guardián. -