La Xunta suprime 120 liberados sindicales en la Administración
La mitad de los afectados salen de Educación y sin acuerdo con las centrales
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica la Xunta. Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de disponer de horas libres para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores, con un ahorro de cuatro millones de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerció de portavoz del Gobierno tras presidir el Consello de la Xunta en ausencia de Feijóo, de viaje en América, la medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La afirmación es cierta solo a medias: las principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación, del que saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo.
CC OO desmiente a Rueda y la CIG tacha la medida de "castigo al profesorado"
El sector de Sanidade pierde 45 liberados y el de Xustiza, 11
El conselleiro afirma que se dejarán de gastar al año cuatro millones
El Gobierno gallego prepara un segundo plan de ahorro en el parque móvil
No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se examinó en la reunión del Gobierno gallego. En él se especifica que el recorte de horas sindicales afectará al equivalente a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres áreas de la Administración autonómica concentran el 80% del personal autonómico, formado por unas 90.000 personas, pero menos de la mitad del total de liberados sindicales del comité de personal, que superan los 600. Los 120 afectados son, por tanto, alrededor del 20% del total.
"El consenso no es total, pero sí amplio", defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en Educación, que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos, ya que se efectúa sin ningún tipo de acuerdo. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, atribuyó la decisión a "un castigo" de la Consellería de Educación por las movilizaciones del profesorado de estos días. "Es un acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta", lamentó el dirigente del sindicato nacionalista, que aseguró que la medida dejará la actividad sindical "bajo mínimos".
Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el número de liberaciones en ninguna de las áreas afectadas. El coordinador del Área Pública del sindicato, Ramiro Otero, emplazó al Gobierno gallego a constituir una mesa global para negociar esta cuestión. Las declaraciones de Rueda, prosiguió Otero, "no responden a la realidad de los hechos". "La Xunta no nos ha hecho llegar ninguna propuesta por escrito, por lo que es falso decir que llegásemos a un acuerdo", sostuvo. El sindicato UGT, mientras, eludió l comentar las afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó que hubo acuerdo en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación.
La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo, por lo que se procedió a "una regularización derivada de la aplicación de los acuerdos vigentes". El pacto en Sanidade fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se desmarcaron Comisiones Obreras y SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un "preacuerdo" firmado el pasado mes de agosto. Pese al desmentido de CC OO, la consellería asegura que fue asumido por "todas las centrales sindicales implicadas" y que supone una modificación del acuerdo existente en 2000.
La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración del número de liberados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos específicos en materia de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte aplicado a los liberados por acumulación de créditos horarios.
Los 120 afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos negociables en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están blindados por ley. Esta medida "de ahorro", como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta dejar de gastar cuatro millones de euros anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la medida se realiza "en proporción" al número de funcionarios en cada sector y se adopta "con las máximas garantías jurídicas". El Gobierno gallego, añadió Rueda, aspira a lograr un recorte similar, de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la Administración central autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de áreas funcionales.
Rueda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para anunciar que ha pedido comparecer en el Parlamento para detallar una segunda fase de medidas de ahorro con el parque móvil de la Xunta. El conselleiro aseguró que cree "posible" economizar más en la gestión de los vehículos oficiales, por lo que ha decidido implantar nuevas medidas de contención del gasto. "Es lo que demandan los ciudadanos", argumentó. Alfonso Rueda evitó anticipar cuáles serán estas medidas y rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de restringir el uso de los coches oficiales solo a los conselleiros y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
