El consejero valenciano de Economía plantea recortes y cambio de modelo

Se acabó la fiesta. Enrique Verdeguer no lo dijo, pero la idea quedó clara en su intervención. Ajeno a la política de la Generalitat durante los últimos tres lustros, el consejero de Economía, Industria y Comercio, que no es militante del PP, planteó ayer ante el pleno de las Cortes Valencianas, en la ronda de comparecencias de los miembros del Consell que nombró Francisco Camps y ha heredado Alberto Fabra, un modelo basado en la industria, la productividad y la competencia en un mercado internacional sometido a grandes transformaciones.

En un contexto de crisis planetaria (no hizo alusión victimista alguna a la política del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, salvo para plantear la colaboración), Verdeguer dibujó, de hecho, un auténtico cambio de rumbo al situar "la mejora de la competitividad en un mundo global como única forma de crear empleo" y añadir que "la economía productiva es la única garantía de desarrollo sostenible". En una comunidad que ha visto deteriorarse sus sectores industriales bajo el peso de la apuesta por los grandes eventos, el turismo y la burbuja inmobiliaria, el discurso del consejero, que no despertó entusiasmo en el Grupo Popular, sonó bien a la oposición, que exigió más concreción y un recorte más profundo de los organismos y empresas públicas que han proliferado en los últimos tiempos y que se identifican con toda una red clientelar y una fuente de despilfarro.

Los socialistas piden ahorrar 2.000 millones, frente a los 400 de Verdeguer

Verdeguer reiteró que una Corporación Pública Empresarial Valenciana se hará cargo del centenar largo de empresas y entidades dependientes de la Generalitat, y dijo que prevé recortar un 20% su capítulo de gastos, con el objetivo de ahorrar unos 400 millones de euros. Añadió que un 3% de ese ahorro irá destinado a apoyar a emprendedores. También dijo que un decreto ley de Régimen Económico-financiero del Sector Público incluirá, entre otras medidas, un régimen de incompatibilidades de los directivos de empresas y entidades públicas similar al de los altos cargos del Consell, y una limitación de sus retribuciones (salvo autorización expresa) por debajo de las de los altos cargos.

Verdeguer, que puso mucho énfasis en el contexto internacional (procede del Instituto de Comercio Exterior), anunció el cierre de oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Toronto, Pekín, La Habana, Buenos Aires y Tokio, y la apertura de oficinas o la ampliación de intereses en países como Brasil, Perú o Colombia, y en toda el área de Asia. Los países emergentes son un objetivo primordial.

El diputado socialista Francisco Toledo retó a Verdeguer a ir más lejos y le propuso que la reestructuración del sector público valenciano libere por lo menos 2.000 millones, que puedan ser reorientados hacia los objetivos de creación de empleo y reindustrialización, que dijo compartir. "No creo que el PP le deje hacer ese recorte", señaló Toledo. Mireia Mollà, de la coalición Compromís, recordó, como hizo toda la oposición, que el PP y el Consell no querían hablar de nada de lo que ahora se considera prioritario. "Hace dos años nuestro grupo ya propuso la reestructuración del sector público", apuntó. Por su parte, Marga Sanz, de Esquerra Unida del País Valencià, dijo que el cambio de rumbo que el consejero propone es la expresión de "un modelo que ha fracasado".

Verdeguer también apuntó medidas de transparencia para "recuperar la confianza" en las emisiones de deuda de la Generalitat, y consideró "fundamental" reducir el stock de viviendas de la Comunidad Valenciana.