El descontrol de las batidas

En el epílogo de su mandato (enero de 2009), el bipartito dejó listo un proyecto que pretendía regular la conflictiva situación del lobo en Galicia. Para alegría de sindicatos agrarios, ganaderos, ecologistas y cazadores, el que se bautizó como Plan de Xestión do Lobo, buscaba "poner fin" a las "carencias" del modelo de gestión entonces vigente. Entre sus objetivos estaba "paliar los daños a la ganadería mediante controles supervisados por agentes de la consellería". La Xunta exigía evitar "salvo casos excepcionales", la realización de batidas entre marzo y julio, en la época de cría de la especie.

Durante los dos años que el plan lleva en uso, agrupaciones como la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL) han denunciado que las cacerías se están realizado durante estos meses y que además, "la Consellería de Medio Rural no responde" cuando se le pregunta por los criterios para autorizarla y para determinar qué es "un caso excepcional". El departamento de Samuel Juárez alega que las batidas se permiten "cuando se aprecia una sobrepoblación" que puede generar "una gran tensión social". Para ello, explica, se realizan "análisis estadísticos de campo", y "recuentos de excrementos" con el fin de determinar "su localización y grado de presencia". Los colectivos implicados ponen esto en cuestión. Critican que la Xunta no cuenta con un registro de población del lobo con el que comparar los resultados de los análisis, y que además, los datos que se manejan parten de estudios datados entre 1999 y 2003.

Los colectivos critican carencias en el Plan de Xestión de la especie

Uno de los objetivos del proyecto del bipartito era la realización de "programas de seguimiento periódico de la población del lobo en Galicia".

Rubén Portas, miembro de ASCEL, lamenta la ausencia de "transparencia y de concreción" por parte de la Administración, que favorece que se concedan permisos sin "ningún tipo de control", por lo que "muchas veces se matan lobos de modo injustificado". Además, este colectivo conservacionista subraya que "la alarma social no es el mejor ejemplo de conflictividad". Los sindicatos agrarios lo secundan. "Utilizan partes de ataques de daños. Donde hay intensidad, extrapolan que hay muchos lobos, y no tiene por qué ser así", comenta Jacobo Feijóo, secretario de desarrollo rural de Unións Agrarias. El círculo de críticas lo cierra Alejandro Lorenzo, cazador de la zona de Pontevedra: "La Xunta autoriza prácticamente todo", denuncia.

En cuanto al número de batidas, la consellería asegura que en lo que va del año se permitieron dos en la provincia de A Coruña. No concreta ni lugares ni fechas. ASCEL maneja otros datos. Sostiene que solo en la comarca de Barbanza se autorizaron tres durante el verano. Rubén Portas no se aventura a desmentir a la Xunta, pero recuerda que "las batidas tienen poca publicidad por su parte".

Además, Medio Rural afirma que en estos dos rastreos se abatieron "dos ejemplares resultados de una hibridación", lo cual "obliga a continuar con las medidas para eliminar estos individuos". Alejandro Lorenzo ríe al escuchar los argumentos que esgrime la Xunta. No entiende cómo habla de "hibridaciones de lobos con otros cánidos" cuando estas son "prácticamente imposibles". Explica que "la jerarquía social lo impide" y recuerda que "una de las fuentes alimenticias de los lobos es el perro", con lo que la reproducción entre las dos especies no se concibe. Rubén Portas censura también que la identificación de los híbridos se deje en manos de los propios cazadores, cuando es "una actuación delicada" que "debe confirmarse con análisis genéticos".

De aquel plan del bipartito se ha obviado también la creación de un "Foro galego sobre o lobo", un "sistema de participación" de los sectores relacionados con su gestión en Galicia. Medio Rural asegura que "mantiene una línea abierta" con los colectivos a través de comisiones provinciales, "que se reúnen a petición de los interesados". Estos niegan que por el momento se hayan convocado mesas de participación, lo que según Portas, "mantiene el resto del plan paralizado".

La gestión del conflicto por parte de la Administración ha logrado que ecologistas, cazadores y ganaderos aparquen diferencias y coincidan al criticar que muchos de los propósitos del documento de 2009 hayan "caído en el olvido".