Martín y Jove salen a la palestra

Mañana, lunes, en el juzgado número 1 de lo Mercantil de A Coruña se celebrará la audiencia previa del caso que enfrenta a los empresarios Fernando Martín y Manuel Jove por la compraventa de Fadesa. Martín presentó una demanda de acción social de responsabilidad en la que acusa a Jove de haberle dado "datos incorrectos o incluso falsos" en la venta de Fadesa en 2006. Presentó 37 activos con valoraciones distintas de las dadas por Jove antes de hacer la operación. Jove contestó que Martín pretende engañar a los accionistas para eludir su responsabilidad en la insolvencia de Martinsa-Fadesa, que presentó la mayor suspensión de pagos de la historia mercantil de España con un pasivo superior a los 7.000 millones de euros, al tiempo que reaccionó con una contrademanda en la que le acusaba de haber sido el causante de la insolvencia.

En la audiencia previa, a la que asistirán solamente los abogados, las partes se centrarán en cuestiones procesales, básicamente la proposición de prueba (testigos, informes periciales, etcétera), para que el juez determine la fecha del juicio (posiblemente, antes de que acabe el año), ya que se da por descontado que las partes no están dispuestas a alcanzar un pacto amistoso. Las posturas siguen igual de enconadas -si no más- que cuando estallaron el 15 de marzo, fecha en la que Martín presentó la demanda contra Jove y su consejero delegado, Antonio de la Morena, reclamándoles 1.576 millones de euros que, en su opinión, había pagado de más en los 4.045 millones que desembolsó por Fadesa.

La demanda de Martín, que se basó en un informe encargado a la firma especializada American Appraisal, fue admitida a trámite por el mismo juzgado coruñés que levantó el concurso de acreedores que la inmobiliaria había presentado en julio de 2008. El informe se sustenta en que los vendedores inflaron la valoración, presentaron clasificaciones que no se ajustaban a la realidad o se atribuyeron propiedades.

Martín, que ha contratado los servicios del despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo, les culpa de haber diseñado "un plan dirigido a obtener una muy notable sobrevaloración de la compañía mediante la aportación de información falsa a la firma responsable de la tasación de los activos, CB Richard Ellis". La demanda sostuvo que "los hechos denunciados suponen una violación de los deberes de lealtad y diligencia que han causado un daño al patrimonio social por una actuación dolosa o gravemente negligente". También señaló que la tasación había desaparecido y no apareció hasta que fue reclamada por el juez en noviembre de 2010.

La respuesta de Jove, que contrató los servicios de los despachos Clifford Chance y Ramón Hermosilla, tardó casi un mes en sustanciarse. Además de demandarle por incumplir un pacto de no agresión, reclamó a Martín 98 millones por un suelo en México -caso que tiene previsto juicio oral el 17 de octubre- y solicitó en un juzgado de Madrid que Martín y su consejero delegado, Antonio Martín, fueran declarados culpables del concurso de acreedores y que fueran inhabilitados por 15 años para ejercer cualquier administración y condenados a pagar una indemnización de más de 1.800 millones a los acreedores. Esta demanda, que se presentó en el marco del proceso concursal mediante pieza de calificación, fue archivada por el juez de Madrid, por lo que el caso se circunscribió a A Coruña.

Frente a las valoraciones, de American Appraisal, Jove, que sostiene que este informe no sustenta sus conclusiones en análisis de experto alguno ni aporta pruebas periciales, ha presentado en el juzgado un grueso dossier realizado por Accuracy, filial del grupo Aon, experta en peritajes y pruebas forenses para grandes litigios. Este informe ha sido realizado basándose en el análisis de consultoras y valoradoras (entre ellas, Tinsa y Aguirre Newman) y de catedráticos y urbanistas (entre ellos, Luciano Parejo y Gómez Ferrer), así como informes económicos firmados por economistas como José Marín y Blas Calzada. En esos informes se niega que se hayan suministrado datos falsos a Richard Ellis, así como que los demandados hayan sobrevalorado los activos de Fadesa o que se haya causado daño alguno a Martinsa-Fadesa.