Costas rechaza reducir la franja de dominio público en Vilaboa

Representantes de la asociación Salvemos Vilaboa, que busca la legalización de las casas construidas en el litoral de este municipio de O Morrazo, se reunieron ayer en Pontevedra con el jefe provincial de Costas, Cristóbal Fernández. El objetivo era revisar las posibles soluciones para la situación de las viviendas, de las cuales unas 80 están en peligro de derribo por incumplir la Ley de Costas. Durante el encuentro, al que también asistió el alcalde, José Luis Poceiro (PSOE), los vecinos comprobaron que el Gobierno rechaza de plano reducir la servidumbre de dominio público desde los 100 a los 20 metros, tal como solicitaban.

Los vecinos de Vilaboa saben desde hace tiempo que muchas de las casas de su litoral están en una situación jurídica incierta. Construidas a escasos metros del mar, no respetan el límite de 100 metros que establece la norma estatal, aunque casi todas se levantaron con licencia municipal. Los errores administrativos o las omisiones a la hora de los deslindes no reflejaron en su día el estado real de las construcciones, y la normativa del Ayuntamiento permitió nuevas edificaciones ya con la ley en vigor.

Las casas están a menos del límite legal de 100 metros pero tienen licencia

La situación era conocida, pero ha sido este año cuando han comenzado a aparecer las amenazas de demolición. Hasta entonces, el caso más representativo era el de la casa de Enrique López, exmarido de la conselleira de Pesca durante el bipartito, Carmen Gallego, que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo a raíz de un pleito suscitado por grupo ecologista Salvemos Pontevedra.

Los vecinos saben que las casas construidas durante los noventa no cumplen la normativa de Costas, pero alegan que el Ayuntamiento las autorizó a través de unas normas subsidiarias. Insisten, además, en que las construcciones son en su mayoría de una sola planta y el entorno está menos afectado que en otros lugares. "No tenemos adonde ir, entre la costa, la autopista y la carretera", se quejaba uno de los vecinos tras la reunión. Pero desde Costas, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, son claros. El suelo de Vilaboa no está suficientemente consolidado para catalogarlo como urbano y reducir así la línea de servidumbre.

Los vecinos pedían la rebaja de la servidumbre basándose en el caso de Marín, donde Costas, Ayuntamiento y Xunta parecen próximos a un acuerdo definitivo para legalizar varias viviendas en los núcleos de Aguete y Loira. El Gobierno local consiguió convencer finalmente al Estado de que los núcleos rurales ya estaban suficientemente asentados en 1988, cuando se aprobó la ley.