Rotundo fracaso

Desgraciadamente, cada día abundan más los gobernantes -y los dirigentes políticos en general- cuya prioridad absoluta es mantenerse indefinidamente en el poder, objetivo al que subordinan todo lo demás. Esta concepción, que se ha ido instalando en nuestra vida pública al confundir la acción de gobierno con la mera ocupación del poder, suele tener desastrosas consecuencias para el país. Porque, en efecto, cuando tal cosa sucede, los intereses de partido -o personales- predominan siempre sobre el interés general, las encuestas sustituyen a los programas, la información sucumbe ante la propaganda y el debate se reduce a una alineación mecánica de posiciones. La controversia deja de ser rigurosa porque la doctrina invocada por los distintos actores en presencia no ha de estar sometida a una prueba empírica seria. Lo importante es que cada cual tenga una doctrina alegable a mano; es esta disponibilidad y no la sustancia la que sirve a los diferentes intereses en litigio.

La fusión de las cajas acabará en un banco con capital extranjero ampliamente mayoritario

La peripecia seguida por nuestras cajas de ahorro constituye un ejemplo paradigmático de lo que vengo afirmando. En efecto, hace aproximadamente tres años el Banco de España -respaldado por el Gobierno con el apoyo del PP y la evidente anuencia de la gran banca española- puso en marcha un ambicioso plan de reestructuración de las cajas de ahorro. Pronto estuvieron claros los objetivos que se perseguían con el agresivo proyecto del Banco de España. El primero de ellos, desvincular a las entidades de ahorro de los territorios en los que históricamente habían operado y sustraerlas de la influencia de los poderes autonómicos, en coherencia con el proceso recentralizador que impulsan los dos grandes partidos españoles. El segundo objetivo consistía en abrir un proceso privatizador que acabase transformando -como ha sucedido- las cajas en entidades bancarias privadas. Se pretendía -y se ha logrado plenamente- liquidar así un sector (las cajas) que representaban más del 50% del sistema financiero en una red que acumulaba activos por valor de 1,2 billones de euros, cantidad superior al PIB español y que durante muchos años había contribuido eficazmente a la vertebración local y territorial del país. Las cajas de ahorro gallegas fusionadas en Novacaixagalicia aportaban a esta red financiera 77.000 millones de euros en activos. Su volumen de depósitos se situaba en torno a 47.000 millones y los fondos propios de arranque representaban 2.900 millones. Novacaixagalicia controlaba además el 51% de los depósitos y el 41% del crédito privado.

Sin embargo, todos los intentos para mantener una plataforma financiera gallega con los centros de decisión en nuestra tierra han conducido a un rotundo fracaso. Primero interponiendo un recurso contra la Lei de Caixas aprobada por el Parlamento de Galicia, y después imponiendo unas condiciones de solvencia imposibles de cumplir por Novacaixagalicia, el Gobierno y el Banco de España han impedido la posibilidad de que Galicia disponga de un sector financiero propio, lo que supone una catástrofe tanto política como económica para el país. Pero si todo esto no fuera suficiente, el futuro del nuevo banco (NCG Banco) está todavía rodeado de muchas incógnitas. Por el momento, la capitalización de NCG corre a cargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (capital público), pero esta mal llamada nacionalización en realidad, como aclaró el profesor Joseph María Vallés, no es más que una desamortización. El resultado, según las noticias publicadas, será un banco en el que el capital extranjero será ampliamente mayoritario (el gallego no superará los 150 millones de euros) y, por tanto, los centros de decisión no estarán en Galicia, aunque provisionalmente mantenga la sede social y fiscal en A Coruña y la dirección efectiva del negocio en Vigo. El recuerdo de lo que sucedió en su día con Fenosa y otras importantes empresas gallegas es inevitable.

Por todo ello Feijóo, que presumió de haber sido el impulsor de la mayor operación financiera de la historia de Galicia, debería reconocer públicamente su estrepitoso fracaso. Y José Blanco debería explicar cuáles son las ventajas para Galicia de una operación que el ministro de Fomento califica de seria, positiva y solvente. Pero ni uno ni otro harán semejante cosa. Al contrario, harán de la necesidad virtud y, como dije al principio de esta columna, predominarán los intereses de partido o personales sobre los generales. En este caso, sobre los de Galicia.