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Fin de ciclo para un modelo de política industrial

Daewoo y Epsilon, dos empresas que recibieron cuantiosas ayudas públicas y beneficios fiscales, a punto de cerrar

Daewoo es sinónimo de éxito, pero efímero y mediático. Inmediatamente después significa fiasco social y laboral, y tras el anuncio de su cierre, también supone el fracaso de un modelo y de un ciclo industrial impulsado por el PNV en la década de los 90 a base de ayudas públicas y de explotar la fiscalidad. Las cuantiosas subvenciones que recibió la multinacional al final de la década de los 90 -unos 12 millones de euros- además de no generar ni el empleo ni las inversiones prometidas, pusieron a la Comisión Europea sobre la pista de unas ayudas directas y fiscales que han acabado declarando ilegales y vienen acarreando cuantiosas sanciones económicas a las diputaciones vascas.

El PNV vendió en EE UU a Euskadi como nuevo refugio fiscal europeo

De 1980 a 1997 el peso de la industria en Vizcaya cayó del 43% al 31%

Pero, en 1996, la película no parecía que fuera a tener este final. La importante inversión anunciada por los coreanos en Vitoria, en marzo de aquel año, de 72 millones de euros, (12.000 millones de pesetas de la época), fue todo un logro. La implantación de esta multinacional coreana culminó así un sueño de los dirigentes nacionalistas, que vencían, con esa inversión estratégica, el escaso atractivo que representaba Euskadi, sobre todo por la amenaza del terrorismo de ETA.

Atrás había quedado el fracaso de la implantación de la fábrica de General Motors en Amorebieta, impulsada por el embajador vasco en el mundo de las multinacionales, José Ignacio López de Arriortua, y era necesario restañar las heridas de la dura reconversión industrial que había sufrido Euskadi.

Si en 1980 el sector industrial aportaba el 43% del Producto Interior Bruto (PIB) vizcaíno, en 1997, según datos del Eustat el peso de la industria había caído al 31%.

La operación de Daewoo puso a Euskadi en el mapa y lanzó a los dirigentes de las Diputaciones y del Ejecutivo vasco a buscar más multinacionales. Había que recuperar el tejido industrial perdido y el atractivo que se ofrecía a los potenciales inversores era la especificidad fiscal. Y se hacía sin tapujos.

Eran tiempos en los que los diputados generales vendían directamente una fiscalidad a la carta para las empresas que se instalaran en Euskadi.

Ese mismo año de 1996, las Diputaciones forales habían puesto en marcha nuevas normas de incentivación fiscal, es decir, ventajas en el Impuesto de Sociedades, que rebajaban su presión considerablemente, y en 1997 sus responsables, como el entonces diputado de Bizkaia, Josu Bergara, las publicitaron profusamente, incluso en Estados Unidos, con encuentros en en Nueva York, Chicago y Minnesota. En este último estado presidió unas jornadas de promoción en las que el País Vasco fue presentado como "el nuevo refugio fiscal europeo".

Eran los buenos tiempos, cuando todavía, hacer un uso expansivo, y a la postre abusivo, de la fiscalidad no tenía consecuencias.

Tan solo tres años después de su implantación en Vitoria, en 1999, el cielo se había convertido en un infierno y los dirigentes de Daewoo encabezaban la lista vasca de "villanos" laborales. La empresa había ralentizado las inversiones previstas y, víctima de una profunda crisis, vendió la planta a un consorcio estadounidense. Los trabajadores hicieron la primera huelga en demanda de mejoras salariales, y las instituciones, que en su momento apoyaron de manera entusiasta la implantación de la multinacional, empezaron a enfadarse con su modus operandi al incumplir sus previsiones de empleo y de inversión.

El expresidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Lazpiur, reconoció en una entrevista reciente a EL PAÍS que la fiscalidad no es la primera preocupación de los empresarios a la hora de tomar decisiones de expansión "aunque claro que importa".

"Ninguna empresa, ningún gerente en su sano juicio pone en primera línea de sus decisiones de implantación la fiscalidad, salvo que sea en un paraíso fiscal", asegura un experto en fiscalidad. "Pero si así fuera yo desconfiaría a la hora de darle ayudas porque no conozco ningún empresario que se instale en un paraíso fiscal para generar beneficios sociales".

Estas mismas fuentes argumentan que el cierre de la multinacional coreana, anunciado esta misma semana "aunque no se acepte el ERE de extinción", ha asegurado la empresa, certifica el fin de una determinada política industrial en la que ni las ayudas públicas ni los beneficios fiscales se han convertido en factores para mejorar la competitividad. De hecho, la crisis no sólo se ha llevado por delante a Daewoo, sino a Epsilon Euskadi, un experimento que sólo ha sobrevivido mientras las instituciones han inyectado fondos.

"El beneficio fiscal puede ser un estímulo pero desde luego no el motor del crecimiento industrial. Quince años han dado de si para verificar que introducir además la rivalidad fiscal como modelo de diferenciación y reafirmación de país no es ni sostenible ni recomendable", declaró ayer un experto en Hacienda Pública. De hecho, esa política de "rivalidad fiscal" hizo que las comunidades autónomas del entorno fueran las que finalmente denunciaran las ayudas fiscales vascas.

El Ayuntamiento de Vitoria aprobó el viernes una declaración institucional en la que se compromete a incluir una cláusula en los convenios que firme con empresas para que mantengan la producción. "La difícil situación económica internacional, complica el desarrollo de cualquier actividad productiva, pero esta coyuntura no puede servir de excusa para enmascarar decisiones para abandonar sus raíces y las ciudades que tanto les han aportado en todos los ámbitos". Vitoria se refería también a Esmaltaciones San Ignacio, la última empresa en echar el cierre.

Revés tras revés

Los incentivos que se aplicaron a Daewoo para que se instalara en Vitoria fue el crédito fiscal del 45% para inversiones, norma que estuvo en vigor entre 1995 y 1999, y una ayuda directa del 25% de la inversión, concedida por el Gobierno vasco sin autorización de Bruselas.

Daewoo se comprometió en 1996 a contar en tres años con una plantilla de 412 trabajadores y a realizar una inversión cercana a los 12.000 millones de pesetas (72 millones de euros) hasta 2002. Industria catalogó el proyecto como estratégico y concedió cerca de 18 millones de euros de ayudas (el citado 25% de la inversión prevista).

En noviembre de 1999, una vez finalizado el periodo para el que se concedió la subvención, las inversiones materializadas por la filial de electrodomésticos de Daewoo, Demesa, ascendían a 30 millones de euros y la plantilla era de 162 personas.

Así las cosas, Industria le reclamó 1,8 millones en 1999 por no crear el empleo pactado. Pero el jarro de agua fría llegó en 2004 cuando el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, consideró las ayudas a Daewoo como ayudas de Estado contrarias a las normas de competencia. Según aquella sentencia Demesa estaba obligada a devolver a la Hacienda alavesa 3,9 millones de euros.

El fallo de la Corte de Luxemburgo anticipó lo que después falló en contra de los incentivos a la inversión usados hasta 2000.

Un modelo que aisló a Euskadi

El modelo de promoción industrial basado en las ayudas económicas y fiscales que impulsaron los sucesivos Gobiernos de Euskadi y de las tres Diputaciones generaron, además de las conocidas sentencias en contra de todos los tribunales españoles y europeos, una mala relación con los vecinos de las comunidades autónomas circundantes.

Lo cierto es que el uso abusivo de las competencias en materia fiscal crearon problemas vecinales que se tradujeron en un cierto aislamiento de los ejecutivos vascos. Por una parte buscado, debido al premeditado alejamiento de España del nacionalismo gobernante en aquellas épocas, y además por las regulaciones del Impuesto de Sociedades.

A Daewoo le denunció en Europa la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), de la que Fagor (MCC) era socio. El resto de las denuncias procedían de las comunidades limítrofes. El enfado de La Rioja procedía de la deslocalización de una empresa de su territorio, Ramondín, que gracias a las ayudas que ofreció Álava acabó por abandonar su territorio de origen y ubicarse en el alavés.

A Ramondín se le aplicó un crédito fiscal del 45% para las inversiones y las llamadas minivacaciones fiscales (reducción de la base del impuesto de sociedades del 99%, 75%, 50% y 25%, respectivamente, en los cuatro primeros años con beneficios de la empresa).

Muchos empresarios sostienen ahora que las empresas que tiran de Euskadi son, en su mayoría, de emprendedores vascos que han comprometido sus propiedades para sacar adelante sus proyectos. "Ayudar por ayudar es costoso para el ciudadano, hay que ayudar a quien quiere ayuda para mejorar su proyecto y rentabilizar las inversiones", citan desde el Ejecutivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de septiembre de 2011

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