Detectados 550 kilómetros de río con riesgo de desbordamiento

De los 14.700 kilómetros que abarca la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, conformada por todas las cuencas fluviales gallegas a excepción de los río Eo y Navia y el sistema Miño-Sil, un total de 5.894 kilómetros de río presentan "riesgo potencial" de desbordamiento. De ellos, 543 suponen un peligro "significativo" para las personas o los bienes por estar situadas en sus proximidades viviendas, vías peatonales, explotaciones agrícolas o ganaderas u otro tipo de infraestructuras.

Los datos, recogidos en la primera fase de los estudios de evaluación preliminar de las zonas inundables de la cuenca Galicia-Costas, realizados en cumplimiento de la Directiva Europea de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, fueron avanzados ayer por el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez. El responsable del organismo autónomo de la Xunta explicó que los trabajos buscan "contar a medio plazo con herramientas de gestión" que permitan minimizar las consecuencias de posibles inundaciones.

Mapas de peligrosidad

Ahora, los estudios serán sometidos a información pública durante un período de tres meses. Pasado este plazo se elaborará el documento definitivo en el que se detallarán las zonas de riesgo significativos detectados. Posteriormente, la Xunta deberá elaborar mapas de peligrosidad de inundación que deben estar listos en diciembre de 2013 y de los que ya se cuenta con información de 40 trechos, unos 180 kilómetros de río, analizados a partir de datos históricos. El último paso será la redacción de un plan de gestión del riesgo en el que se establecerán protocolos de actuación en caso de inundaciones así como medidas para reducir los riesgos a la edificación.

A este respecto, el presidente de Augas de Galicia ha señalado que tanto las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) como el Plan de Ordenación do Litoral (POL) prevén "medidas genéricas" sobre los usos del suelo aunque ha reconocido que el nuevo plan podría determinar zonas en las que sí se restringirían determinados usos. En lo referente a los edificios o infraestructuras ya construidos en áreas identificadas como potencialmente peligrosas, las medidas pasarían por "obras de defensa". Con todo, Menéndez matizó que cada caso tiene que ser analizado de forma individual antes de que diseñen las intervenciones.