De vuelta a septiembre de 2008

Casi como dos gotas de agua. La proposición de ley orgánica que ayer presentó el PSOE se parece, y mucho, al acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios del Guadalquivir que la comisión mixta Gobierno-Junta aprobó el 20 de septiembre de 2008, y que permitió que Andalucía asumiera las competencias sobre las aguas de la cuenca del río que discurren por la comunidad.

En la nueva proposición se describen las competencias que ejercería Andalucía en el caso de que el Gobierno central, ya en la próxima legislatura, decidiera aprobar la ley orgánica que reclama el PSOE regional. Y el listado de competencias es prácticamente el mismo que el que se recogía en el real decreto por el que se aprobó el acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios de septiembre de 2008. Incluso se copian párrafos íntegros cuando se detallan las funciones que asumiría la comunidad. Eso sí, en el nuevo texto sobre el Guadalquivir se cambia el verbo "traspasar" por "delegar" cuando se habla de las funciones que teóricamente se quedaría el Gobierno autónomo.

Con la proposición de ley orgánica sobre el Guadalquivir que presentó ayer, el PSOE andaluz regresa a sus posiciones reivindicativas de la pasada legislatura. El río fue uno de los puntos de desencuentro con el Ejecutivo central y con otras federaciones socialistas cuando se estaba elaborando la reforma del Estatuto, aprobada en referéndum en febrero de 2007. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, fue de las más beligerantes contra el traspaso de las competencias.

La supuesta fragmentación de la unidad de cuenca era el argumento que daban los detractores del traspaso. Entre estos últimos estaba el Gobierno extremeño, que, en junio de 2007, cuando estaba todavía en manos del PSOE, decidió recurrir el artículo 51 del nuevo Estatuto andaluz. Finalmente, el Tribunal Constitucional dio la razón a Extremadura al entender que, efectivamente, se había aprobado un "modelo de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica intercomunitaria". Este tribunal sostuvo que se había vulnerado el artículo 149.1.22 de la Constitución española, donde se fija como competencia exclusiva del Estado "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad".

Sin embargo, en la nueva proposición de ley orgánica, los socialistas andaluces recurren a otro artículo de la Constitución: el 150.2, en el que se establece que "el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

Al igual que en el acuerdo de la comisión mixta de 2008, en el texto presentado ayer por el PSOE el listado de las competencias que ejercería Andalucía lo encabeza la "concesión de los recursos hídricos". Este asunto es clave en una comunidad como esta, donde el peso de la agricultura es tan alto y donde la presencia del regadío es notable, entre otros asuntos, debido a la política agraria de la Unión Europea, que prima la producción.

La solución de la ley orgánica que ahora han presentado los socialistas es a largo plazo. Para el corto, la Junta y el Gobierno están ultimando otro real decreto en el que se recogerán algunas funciones que Andalucía podrá seguir gestionando. La aspiración más importante que tiene la Junta es, precisamente, la gestión administrativa relacionada con las concesiones y autorizaciones de agua. La Consejería de Medio Ambiente espera mantenerla, aunque reconocen las dificultades de carácter legal que están surgiendo. Los mayores reparos al decreto que se está ultimando los está planteando la Abogacía del Estado.