Boluda considera insuficiente el plan de ajuste de la Generalitat

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), considera insuficiente el ajuste de 680 millones previstos por el Consell en los presupuestos de 2012. Ayer, en el patio gótico del Palau de la Generalitat, pronosticó que "harán falta nuevos ajustes". Boluda precisó que hacía esta afirmación a título personal.

El poderoso grupo empresarial, que congrega a un centenar de las más importantes empresas familiares de la Comunidad Valenciana que generan un 27% de la riqueza regional, ya había exigido al Consell austeridad en el gasto en un documento difundido poco antes de las últimas elecciones autonómicas.

Alberto Fabra se estrenó como presidente de la Generalitat con el anuncio de un recorte del gasto público cifrado en 680 millones de euros. Ayer recibió a Vicente Boluda y Federico Félix, presidente y expresidente de AVE, y se llevó un jarro de agua fría. Boluda, que insistió en que expresaba una opinión personal, dijo: "Creo que hará falta otro reajuste en los próximos meses. Acordaos de Francia, donde las cosas estaban muy bien hace apenas un mes y ahora resulta que suben impuestos porque necesitan 15.000 millones de euros con urgencia", comentó.

Boluda apuntó que "el ajuste era absolutamente necesario", pero remitió a la convocatoria de un pleno de AVE que contará con el presidente de la Generalitat el próximo 12 de septiembre para un análisis más profundo sobre el contenido del mismo.

Más tarde, añadió, también a título personal, que no es partidario de que las instituciones públicas concedan ningún tipo de subvención para ningún tipo de entidad, aunque concedió que no le corresponde a él decidir al respecto.

Paula Sánchez de León, vicepresidenta del Consell, que acompañó a Boluda y Félix ante los periodistas, respondió a otras de las exigencias que planteaba AVE en el documento que difundió antes de las elecciones relativo a la morosidad de la Generalitat. "A pesar de las dificultades económicas", dijo la vicepresidenta del Consell, "el presidente nos ha hecho saber a todos que el pago a los proveedores de la Generalitat es una prioridad absoluta".

"No me gusta hablar de impagos, que no hay, sino de retrasos en los pagos", añadió, "y ahora que se inicia un nuevo curso, una prioridad absoluta del Gobierno y del presidente es llegar a acuerdos para que se ordene la deuda con los proveedores y liquidar los pagos atrasados".

Sánchez de León también confirmó que el Consell trabaja en "un plan de racionalización del personal del sector público" que incluiría "desde la supresión de algunos mandos directivos medios como las subdirecciones y las jefaturas de área, a la reagrupación de algunas de ellas y la amortización de vacantes".

El plan de racionalización del aparato administrativo de la Generalitat incluye, además, la amortización de 704 plazas de funcionarios y la limitación de los liberados sindicales.

José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública, abrirá las negociaciones al respecto con los sindicatos de función pública el 5 de septiembre.

Pero el diputado socialista Rafael Rubio le hizo saber ayer el ambiente que le espera en la mesa de negociación. Rubio exigió a Vela que deje de "amenazar a los funcionarios con despedirlos". El diputado socialista sugirió que en lugar de "amortizar" plazas, el Consell debería preocuparse de "garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos". Según Rubio, el mejor ajuste no pasa por "despedir a gente, sino por redistribuir a los funcionarios y hacer más eficientes los servicios". El diputado socialista apuntó que en algunos departamentos, como en Justicia, "hay un colapso evidente por falta de personal".

José Marí, diputado del PP, replicó a Rubio que "en un momento de crisis económica, lo último que necesitan los ciudadanos es que el PSPV infunda miedo diciendo que se va a despedir a los funcionarios".