Barberá gastó 7,8 millones en publicidad en dos años
El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, gastó en publicidad institucional 7,8 millones de euros entre 2005 y 2007, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Valencia ocupa el quinto lugar entre las seis ciudades que más dinero destinaron a promocionarse.
El Ayuntamiento de Madrid gastó 122 millones en el mismo periodo, más de la mitad de los 215 que gastaron en su conjunto las mayores entidades locales de España, seguido de los de Barcelona (61 millones), Málaga (10 millones), Sevilla (9,9 millones), Valencia (7,8 millones) y Zaragoza (3,9 millones)
El Consistorio valenciano gastó 2.247.615 euros en contrataciones de publicidad en el año 2005, una cifra que el año siguiente se incrementó hasta los 2.898.534 y se redujo hasta los 2.721.494 euros en 2007.
El Tribunal de Cuentas advierte en su informe que "la publicidad y comunicación institucional debe estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos", recordando a los Ayuntamientos que "no pueden valerse" de la publicidad institucional para dar a conocer los servicios que prestan o los logros que consiguen.
El organismo pide al Gobierno que tome medidas dado el "relevante coste" en las arcas municipales de estos instrumentos e insiste en que este gasto solo puede ser un medio de información o educación para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes sobre aspectos de interés general o sobre circunstancias que afecten a algunos servicios.
Propaganda electoral
El Tribunal de Cuentas opina que de algunos de los contratos analizados "no puede predicarse" que hayan servido para los fines a los que deberían haber sido destinados. Y, aunque en su estudio no observa "la específica utilización de la publicidad para alcanzar réditos electorales" a corto plazo, el organismo advierte que la propaganda encubierta mediante periodos prolongados puede inducir al ciudadano a optar por un determinado partido político.
Todos los Ayuntamientos analizados, salvo el de Zaragoza, contrataron la publicidad a través de agencias externas pese a contar con gabinetes de prensa propios. El tribunal constata que algunos de esos contratos se realizaron mediante procedimientos que no permitieron el concurso libre de empresas. Y dos de ellos, Sevilla y Barcelona, incumplieron la normativa.
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