Bruselas sigue sin noticias de Euskadi
La CE dice que no ha recibido datos de las Diputaciones de las empresas beneficiadas ni las ayudas recobradas - El Tribunal de Cuentas cifra la devolución en 275 millones
Las tres Diputaciones no logran convencer a la Comisión Europea (CE) de que han hecho los deberes en el caso de las vacaciones fiscales. Pese a la insistencia con que siguen asegurando que la totalidad de las ayudas declaradas ilegales ya han sido reintegradas por las empresas beneficiadas, el Ejecutivo comunitario señala que "no tiene los detalles" de la recuperación de los incentivos fiscales que se concedieron en la década de los noventa. Y por ello, sigue en pie la demanda interpuesta por Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE solicitando una multa multimillonaria para las instituciones vascas que rebasa ya los 40 millones de euros.
"Las autoridades españolas deberán recuperar sin demora la totalidad de las ayudas ilegales e incompatibles. La Comisión no tiene datos sobre el número de empresas, el montante de las ayudas concedidas, ni las cantidades devueltas por las empresas", declaró a EL PAÍS un portavoz de la Dirección General de la Competencia de la CE.
La Hacienda vizcaína ha rescatado 134,8 millones; Álava, 86,7 y Gipuzkoa, 53,8
Después de más de 10 años de pleitos, resueltos siempre en contra de los intereses de las tres Diputaciones, estas continúan a día de hoy sin hacer públicos los datos referidos a la cifra total de empresas bonificadas, la cuantía de los incentivos entregados y, sobre todo, la suma de las cantidades recuperadas. En medio de este hermetismo institucional, nunca se han dado como erróneos los cálculos extraoficiales que se han venido manejando: 300 empresas beneficiadas y unos 700 millones en ayudas concedidas.
Los únicos datos oficiales que han aflorado constan en las auditorías que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado a las cuentas generales de las tres Diputaciones. De acuerdo con estos informes, se han recuperado 275,3 millones, de los que 134,8 corresponden a Bizkaia, 86,7 a Álava y 53,8 a Gipuzkoa.
Bizkaia ha recuperado 134,8 millones de 21 empresas, de las 16 han recurrido ante el Tribunal Superior vasco. Otras 22 sociedades no devolvieron las ayudas porque estas no superaban el límite establecido para ser compatible con el mercado común. Otras 21 empresas de este territorio no hicieron uso de las bonificaciones y 33 renunciaron a las ventajas. Dos beneficiarias alegaron no verse concernidas por tratarse de siderúrgicas.
En Álava, 61 empresas bonificadas han devuelto 86,7 millones. Además, otras 59 no lo han hecho porque la cuantía recibida no excedía el importe conforme a las directrices comunitarias. Y Gipuzkoa ha ingresado nueve millones de 16 millones y otras 28 no se vieron obligadas. Existe un caso al que se le reclamaron 44,8 millones y 60,1 millones por sendos expedientes.
Los Gobiernos forales siempre defendieron la legalidad de las ayudas y adujeron errores de derecho cometidos por los tribunales europeos durante el largo trasiego judicial, argumentos que fueron, uno a uno, desmontados por la Corte de Luxemburgo. En sus últimas sentencias, conocidas en junio y julio pasados, los jueces declararon ilegales las ayudas y rechazaron la alegación de que el proceso no había sido justo. Además, el máximo tribunal comunitario no tuvo reparo en amonestar la actuación de las haciendas por su falta de transparencia y obstruccionismo ante los continuos requerimientos de la Comisión.
En julio pasado se cumplieron 10 años desde la primera vez que Bruselas exigió la recuperación de las ayudas, una petición que fue ratificada por los tribunales europeos en sendas sentencias de 2006 y 2007, que obligaban a reintegrar las vacaciones fiscales, minivacaciones y el crédito fiscal del 45%. Fue a partir de 2007 cuando las Diputaciones empezaron los trámites para recobrar los incentivos, pero nunca cumpliendo a rajatabla las exigencias de Bruselas. En marzo de 2010, la Comisión llegó incluso a entregar al Gobierno vasco un non paper (comunicación no oficial, según la terminología diplomática) con "consejos y pistas" sobre lo que tendrían que hacer las Diputaciones "para recuperar las ayudas y así evitar una sanción pecuniaria". Tampoco aquella recomendación surtió efectos. El escapismo de las Diputaciones llevó finalmente a la CE a presentar en abril de este año una demanda para multar al Reino de España con 25.817,4 euros diarios hasta la fecha en que los tribunales ratifiquen la sanción.
Pago con fincas rústicas
Entre las comunicaciones que la Diputación guipuzcoana dirigió a la Comisión Europea figura el modo en que se resolvió uno de los expedientes abiertos a una empresa de las beneficiarias de las
vacaciones fiscales. Se trata de una sociedad, cuya identidad no es pública, a la que en octubre de 2008 se le exigió la devolución de 44,8 millones correspondientes a ayudas concedidas de forma irregular. A esta misma firma se le requirió el reintegro de otros 60,1 millones por el mismo concepto.
Tras no prosperar los recursos que la compañía interpuso ante el tribunal interno de la Hacienda guipuzcoana, finalmente aceptó "el pago en especie de la deuda" de 44,8 millones más los interses de demora, según recoge el último informe de fiscalización realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a la Diputación de Gipuzkoa, referido al ejercicio de 2008.
La institución foral acordó entonces con la empresa saldar la deuda con el traspaso de bienes valorados en 45,6 millones, que consistían en "fincas de naturaleza rústica. La operación fue notificada a la Comisión Europea, que no se había pronunciado al respecto cuando se realizó la auditoría.
Las ayudas ilegales y la posible multa
- 'Vacaciones fiscales'. Aprobadas en 1993, estuvieron en vigor durante dos años. Las empresas que invirtieran más de 480.810 euros y crearan al menos 10 empleos quedaban exentas una década del Impuesto de Sociedades.
- Crédito fiscal. Aprobado en 1996, permitía recuperar a través del Impuesto de Sociedades el 45% de las inversiones realizadas que superasen los 15 millones de euros.
- 'Minivacaciones fiscales'. Se promulgaron en 1996 para las nuevas empresas. Suponían deducciones anuales sucesivas del 99%, el 75%, el 50% y el 25% en el Impuesto de Sociedades a partir del primer ejercicio en que la empresa registrase beneficios.
- La sanción. La Comisión pidió al Tribunal de Luxemburgo que impusiese una multa de 236.044,80 euros por cada día que transcurra desde que la Corte ratifique la infracción más una cantidad fija de otros 25.817,40 euros diarios desde la sentencia en primera instancia de 2006 hasta que la resolución judicial sobre la multa sea definitiva.
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