El PP dejó a deber 92 millones de euros en Orihuela

El Gobierno tripartito de Orihuela ha recibido una herencia económica envenenada, según descubrió ayer la portavoz municipal del PSPV, Antonia Moreno. Las cifras hechas públicas tras la Junta de Gobierno Local dejan a la capital de La Vega Baja al borde de la quiebra. La deuda que arrastra es de 92 millones de euros, pero solo tiene un presupuesto para 2011 de 69,4 millones. Es decir, debe un 1,3 veces su previsión anual de ingresos.

Moreno repartió las obligaciones pendientes del Consistorio entre los 60 millones de euros que deben a entidades bancarias sumando el principal y sus intereses, otros 17 millones de facturas remitidas por proveedores que están sin pagar -las llamadas facturas en los cajones-, de las que el 90% son de los ejercicios 2009 y 2010, y 15 millones más de pagos sin cancelar que están reclamados por los juzgados, una situación que calificó como de "estrés financiero", de la que no podrán salir para normalizar los pagos, según avanzó, antes de un año.

La realidad que se ha encontrado el Gobierno local que forman Los Verdes, el PSPV y el Centro Liberal Renovador-Claro no da más que para gestionar todas las cuestiones heredadas del PP, así que "nuestro trabajo ahora mismo se basa en afrontar facturas y deudas", remarcó la portavoz municipal.

A pesar de la grave situación de las finanzas locales, el Gobierno popular anterior a las elecciones municipales, que gobernaba con mayoría absoluta, aprobó un presupuesto de 69,4 millones de euros, un millón más que el año anterior pese a la crisis, que fue calificado como "austero, realista y muy comprometido con la situación actual". El anterior edil de Hacienda, Antonio Lidón, solo reconoció como deuda los 52,5 millones que tenían prestados por los bancos y teniendo en cuenta únicamente esa cantidad cifró el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento en el 70%.

La mayoría de la recaudación de Orihuela proviene de tasas e impuestos. La caída de los ingresos por el desplome de la actividad urbanística fue compensada en parte en 2010 con la recaudación de tres millones de euros provinientes del cobro de sanciones urbanísticas. En el término de Orihuela hay 8.000 viviendas ilegales repartidas por su término.Los 15 millones de impagos que están reclamando los proveedores en los juzgados corren además el peligro de convertirse en sentencias que incluyan interese de demora. Y, en ese caso, Moreno fue muy explícita. "Si eso sucede, tendremos que vender el Ayuntamiento", dijo.

Por otro lado, para poder pagar 17 millones de euros de facturas en los cajones que se han emitido sin existir consignación presupuestaria, el Gobierno local tendrá que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito para evitar nuevas demandas por enriquecimiento injusto de la Administración local oriolana. Sin embargo, todas esas facturas no responden a trabajos que se hayan prestado a precio de mercado. La retahíla de casos que expone la portavoz es interminable. Valgan como ejemplo "el pago de 50.000 euros por direcciones de obra que no valían ni 15.000". O que el PP decidiera "pagar casi 300.000 euros por un concierto de Alejandro Sanz". También "es sintomático que cada fuente que había que arreglar, fuera cual fuera y tuviera el desperfecto que tuviera, costara 1.700 euros". Y el pago de "120 euros por cubierto de los comensales que acudían a un evento llamado Saborear".

Pero lo primero que tuvo que encarar el incipiente Gobierno que formaron verdes y socialistas fue que "Iberdrola nos quería cortar la luz por una deuda de dos millones de euros ya renegociada a través de un calendario de pagos". Luego vino "la amenaza de huelga de la empresa de recogida de basura [la del contratista Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal] porque le entró la prisa por cobrar la deuda que generó el PP y que antes no reclamó". Más tarde, otra deuda de 700.000 euros con el Consorcio Provincial de Bomberos, de los que el lunes pudieron pagar 240.000. Y así sucesivamente. "La solución de todos estos problemas nos está comiendo la gestión del día a día, pero nos hemos dado el plazo de un año para poner orden, solucionar la situación y, a partir de entonces, comprometemos nuestra palabra en que cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento de Orihuela cobrará a los tres meses", sentenció Moreno. De momento, ofreciendo cobrar a los 90 días de recibir la factura han conseguido que el proveedor para las fiestas de moros y cristianos les cobre por lo mismo que el año pasado justo la mitad. Lo que en 2010 costó 120.000 euros, este año valdrá 60.000.

El tripartito considera que la solución llegará con la aprobación de los próximos presupuestos municipales. La portavoz reconoce que los actuales, de casi 70 millones, que fueron aprobados por el PP poco antes de las elecciones, "están inflados de manera artificial para poder cuadrar los ingresos con los gastos". "La prueba es que tenemos 13 millones de euros como ingresos que son de dudoso cobro porque la mayor parte de esta cantidad viene arrastrándose del anterior periodo administrativo y hay incluso facturas de 1998 que no podríamos ingresar ni enviando al cobrador del frac", sentenció irónicamente.

El nuevo Gobierno encargó una auditoría sobre la realidad económica que tendrá terminada en septiembre. De entrada, ya saben que la anterior alcaldesa, Mónica Lorente, ahora diputada provincial, llegó al poder municipal en 2007 con una deuda de 1,5 millones de euros. Cuatro años después, supera los 90 millones. "Todos los días nos preguntamos para qué queremos gobernar si parece que esté esperándote alguien con un mazo detrás de cada puerta", dijo Antonia Moreno para escenificar la situación.

Porque asegura que las sorpresas se suceden a diario. Y algunas responden a despropósitos de calado. Como la remodelación de una pista de petanca por la que el Ayuntamiento pagó hace seis años 60.000 euros. Pero la construyó en la parcela de un particular, que la reclamó. Finalmente, tuvieron que alquilar otro solar para adecuar una pista nueva cuya factura todavía aprobó ayer la Junta de Gobierno Local.

El pago de contratos por precios elevados que ahora suponen una carga es otro de los aspectos que pretenden acotar. El ejemplo que ayer puso Moreno fue los 25.000 euros mensuales que recibe la empresa que gestiona del Centro Deportivo de Orihuela Costa con un contrato de 10 años, instalaciones que se construyeron con cargo al Plan E. A pesar de la aportación municipal, la portavoz aseguró que los usuarios del centro "pagan las tasas más altas de España", incluyendo el abono de tres euros por poder usar, por ejemplo, la pista de atletismo. Entre las facturas que ayer aprobó abonar la Junta de Gobierno Local también había una por importe de 86.000 euros que respondía a la realización en Orihuela de un programa de radio matinal de ámbito nacional.