El PP pide una campaña limpia el día que equipara a Rubalcaba con Roldán

El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que procesa a dos mandos policiales y a un alto cargo del Ministerio del Interior en la época de ministro de Alfredo Pérez Rubalcaba por el chivatazo del caso Faisán ha desbocado el cruce de acusaciones políticas entre PP y PSOE, justo en el día en el que la coordinadora de la estrategia electoral de los populares, Ana Mato, pedía una campaña "responsable" y limpia para contraponer "la radicalidad, el insulto y la demagogia" del PSOE. Pero en el propio argumentario oficial del PP de ayer, el que usan los mandos para repetir en sus comparecencias públicas y mediáticas, se llega a equiparar a Rubalcaba con el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado y condenado por varios casos de corrupción en los Gobiernos de Felipe González.

El exvicepresidente llegó a hablar ayer de "fallos jurídicos" en el auto del juez

El PP subraya, en ese sentido y en el segundo punto de ese argumentario, adelantado ayer por POLÍTICA, que esta ha sido "la segunda vez que se juzga a un director general de la Guardia Civil tras el caso Roldán". El procesado Víctor García Hidalgo, sin embargo, nunca fue director general de la Guardia Civil, aunque sí era el máximo responsable de la policía cuando se produjo, el 4 de mayo de 2006 el chivatazo. Tomó posesión de ese único cargo el 5 de mayo de 2004, casi dos años antes. Fue destituido por Rubalcaba el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en este caso por el juez. Ese día se creó por real decreto el mando unificado de ambos cuerpos.

Sobre García Hidalgo, el argumentario del PP demuestra manejar información errónea y muy desactualizada. Se define al ex director general de la Policía ahora procesado como "un alto cargo del PSOE de Álava que acaba de ser nombrado consejero de Caja Vital por el PSOE vasco". García Hidalgo es un cargo importante del PSE en Álava, concretamente su secretario de Organización o número dos, pero no ostenta ningún cargo en Caja Vital. El PSE intentó meterlo en el consejo de esta caja esta primavera pero no lo consiguió.

El documento del PP se titula: "El jefe directo de los imputados por colaboración con ETA era Rubalcaba". Luego se precisa que "la cúpula policial del ministerio de Rubalcaba será enjuiciada por el chivatazo a ETA durante la tregua". Y se remarca que el juez ha encontrado 12 indicios de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y encubrimiento.

El PP está personado en este caso. Y en el objetivo de culpar a Rubalcaba de este chivatazo, el argumentario del PP le achaca que intentó "tapar por todos los medios el caso Faisán" al permitir que la Comisaría General de Información tardase tres días en advertir del chivatazo a la Justicia; y al cambiar al responsable de la investigación, el comisario Carlos Germán, por otro que propuso archivar el caso y que fue posteriormente condecorado. También se le atribuye a Rubalcaba el poder para que el fiscal general intentase que se cerrase el caso. En ese frente de acusaciones, el PP incluye que la cinta de vídeo de seguridad que se grabó ese día en el entorno del bar Faisán tuviese un corte de tres minutos y que la Guardia Civil dijese que esos cortes "fueron accidentales".

El auto es, en cualquier caso, un varapalo muy duro para los dos mandos policiales y el alto cargo de Interior y es efectivamente un grave escollo político para la candidatura de Rubalcaba, que el sábado fue proclamado. Pero en el entorno del exvicepresidente y exministro del Interior se insiste mucho en la tesis de que el PP no tendría caso Faisán si él no fuese ahora el candidato. Y se aportan algunos datos a tener en cuenta sobre la táctica del PP y el auto de Ruz. Rubalcaba llegó a hablar ayer de "fallos jurídicos".

La realidad es que el auto del juez y el sumario no mencionan nunca a Rubalcaba. Y exculpan a su relevo en Interior, el actual ministro Antonio Camacho. Todos los etarras mencionados o implicados en el caso han sido detenidos y procesados.

La Fiscalía de la Audiencia fijó su posición el 5 de octubre de 2009, tras una larga investigación policial, con tres años de conversaciones telefónicas, declaraciones de decenas de testigos e interrogatorios. Y determinó que no existían pruebas concluyentes en este caso, y reclamó su archivo.

El auto de Ruz, que relevó a Fernando Grande-Marlaska, que lo activó tras una primera decisión de Baltasar Garzón de paralizarlo, puede y va a ser recurrido por los tres afectados y posiblemente la propia fiscalía. Es decir, y desde el punto de vista judicial, no es la posición final.

El juez asume en su relato las tesis del equipo de investigación dirigido por el policía Carlos Germán, que formaba parte del operativo frustrado por el chivatazo, y que se basa en las declaraciones de un supuesto intermediario en la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa. Pero ese relato está lleno de situaciones absurdas. En resumen, Elosúa confiesa que el día del chivatazo recibe en su bar tapadera de Irún una llamada (presuntamente del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, a través del comisario José María Ballesteros) para alertarle de que estaba a punto de ser detenido, pero no se escapa. En esa llamada le recomiendan no llamar desde su coche porque lo tenía infectado de micrófonos, y lo primero que hace tras colgar es ir a su coche y relatar el chivatazo.

Una de las razones de la llamada era avisar a su vez a un dirigente histórico del PNV, Gorka Agirre, de su posible detención. Es decir, el alto mando policial acusado habría preferido esta peligrosa vía indirecta mejor que llamar al político directamente. Agirre, que falleció hace un par de años, nunca fue detenido y fue exculpado judicialmente de esta causa.

Elosúa, pese a la alerta, siguió viviendo en su casa, hasta que unos días después fue detenido efectivamente por la policía. Ahora, varios años después, Elosúa no ha sido capaz de identificar en las ruedas de reconocimiento al supuesto policía que le entregó el teléfono desde el que se le avisó.