Atrapado en su discurso

El salario de los políticos es un asunto de indudable interés ciudadano y periodístico que, mal enfocado, corre el peligro de deslizarse por derroteros morbosos o demagógicos. Las medidas de transparencia que se han introducido en los últimos años para conocer los bienes e intereses de parlamentarios, alcaldes o concejales han sido positivas. Los políticos no perciben sueldos disparatados. Superiores a la media de los españoles, sí, pero no escandalosos. Otra cuestión es que tengan ciertos privilegios que son difícilmente tangibles en términos retributivos. Con cierta sorna (y puede que con razón), un veterano exdirigente solía decir que en la política no era tanto lo que se ganaba como lo que se dejaba de gastar.

En las dos últimas semanas, la atención se ha centrado en el salario del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. La decisión de José Antonio Griñán de hacer pública su declaración de la renta de los tres últimos años le puso en un brete del que salió de la única manera posible: anunciando en la tribuna del Parlamento que haría lo mismo.

Los días han pasado, Arenas no ha hecho pública su declaración del IRPF y ahora está sintiendo la presión que otros políticos sufrieron en su momento, como Alfredo Sánchez Monteseirín, para que dé a conocer cuánto gana. El PSOE cree haber encontrado un filón en este caso, que si es peliagudo en épocas de normalidad, lo es mucho más cuando la crisis atenaza a miles de familias.

En lugar de dar a conocer su declaración del IRPF, Arenas ha optado por hacer público un documento notarial en el que detalla sus ingresos (95.492 euros netos, es decir, una vez realizadas las correspondientes retenciones fiscales) y una parte de sus gastos. Con este paso, Arenas ha pretendido zanjar una polémica que lejos de amainar va camino de convertirse en uno de los culebrones del verano.

Desde el punto de vista del debate público, en qué gasta Arenas el dinero que legítimamente ha ganado no aporta nada. Que destine parte de sus ingresos a hoteles, obras sociales, floristerías o almuerzos es irrelevante. En este punto, los políticos no deben tener una vara de medir diferente a la de cualquier otro profesional, sea periodista, empresario, notario o funcionario. ¡Claro que da morbo conocer en qué se gasta su sueldo Arenas! Como lo daría saber en qué se lo gastan Griñán, Zapatero o Rajoy. Pero, una vez satisfecho este morbo, ¿se puede decir algo más? Creo que no y que los políticos, como cualquier persona, deben gastar su sueldo en lo que quieran sin necesidad de dar más explicaciones. Esta cuestión debe seguir perteneciendo, como hasta ahora, al ámbito estrictamente personal.

Otra cuestión son las retribuciones que reciben los políticos en el desempeño de su actividad pública. Ahí sí han surgido y surgen debates que deben interesar a cualquier ciudadano. Las polémicas sobre los ingresos de los políticos han servido para corregir dislates como que un alcalde de un municipio mediano gane mucho más que un regidor de una capital; avanzar en acuerdos para fijar las retribuciones municipales en función de la población o conocer que los altos cargos de la Comunidad de Madrid cobran bastante más que sus homólogos de Galicia o Andalucía. En este punto, la transparencia sí es imprescindible.

En el caso de Arenas, la clave estriba en que, además de sus retribuciones por los cargos institucionales (cobra como senador), también percibe una importante remuneración como vicesecretario general del PP. Es decir, que en su actividad pública cobra (y tributa) como senador y alto cargo del partido que dirige Mariano Rajoy.

La cuestión no es si esta doble remuneración permite a Arenas ganar más que Griñán, algo que él podría explicar con el argumento de que el PP complementa el salario de sus altos cargos. Esta sería una escaramuza de días, no más. El problema de fondo es otro: esta polémica ha atrapado a Arenas entre dos principios que pueden cuestionar la coherencia de su discurso. Si no hace pública su declaración del IRPF, se dudará del principio de transparencia que defiende. Si la hace pública, perderá crédito con sus exigencias de austeridad. Se podrá comprobar que, probablemente, gana bastante más que Griñán. Para alguien como Arenas, que ha defendido que nadie en la Administración andaluza debe cobrar más que el presidente de la Junta, sería una situación incómoda de justificar.

Este es el dilema al que se enfrenta Arenas con la presión que está teniendo para que haga pública su declaración del IRPF: ¿sacrificar el discurso de la transparencia o perder crédito con el de la austeridad? Difícil elección.