El Constitucional apela al ahorro para permitir el catálogo de fármacos

La Xunta se cobró ayer un primer triunfo en la batalla abierta con el Gobierno central a propósito de los fármacos en la sanidad pública. Pero el auto que dictó ayer del Tribunal Constitucional levantando la suspensión del catálogo de medicamentos aprobado por la Xunta con el objetivo de recortar la factura farmacéutica que abona anualmente el Servizo Galego de Saúde -unos 1.200 millones de euros-, no ha puesto fin a la batalla. Lejos de ello, la ha acrecentado. El catálogo obliga a los médicos a priorizar la prescripción de genéricos y, dentro de los mismos principios activos, de los fármacos más baratos.

El Constitucional -ante el que el Gobierno pidió, en el uso de su prerrogativa, la suspensión cautelar de la aplicación del catálogo por considerar que la ley autonómica invadía sus competencias y rompía la igualdad del sistema- levantó, agotado el plazo de tres meses, la paralización de esa norma. Pero mientras la conselleira de Sanidade de Feijóo, Pilar Farjas, anunciaba con satisfacción que el catálogo "vuelve a estar en vigor", el secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, avanzaba a este diario que el Gobierno recurrirá también este auto del alto tribunal y pedía a la Xunta que "no aplique un catálogo que es innecesario y solo genera problemas". El Ejecutivo gallego tiene claro que la decisión del Constitucional demuestra que "la Xunta tomó siempre decisiones en defensa de los intereses públicos de los ciudadanos y no los particulares de las multinacionales farmacéuticas", según razonó Pilar Farjas.

Farjas: "La sanidad gallega se muestra como un ejemplo de sostenibilidad"

Aunque tanto la patronal farmacéutica como el Gobierno central advierten de que el auto del Constitucional "no entra en el fondo del recurso" presentado por el Ejecutivo español contra la ley gallega y por tanto "no le da la razón sobre su competencia, ajena a la del Estado" para elegir los medicamentos que recete la sanidad pública, el Gobierno gallego vislumbra en el acuerdo del tribunal un indicio de cuál será la sentencia definitiva, que aún puede tardar más de un año. "El ahorro estimado se ha cifrado por los servicios competentes de la Xunta de Galicia -tomando en consideración el periodo en el que estuvo vigente- en unos nueve millones de euros mensuales", detalla el auto para concluir que la cifra es "suficientemente ilustrativa" de los efectos que "sobre la reducción de la factura farmacéutica y la sostenibilidad del sistema público sanitario" puede suponer el catálogo de medicamentos de la Xunta, que los integrantes del tribunal consideran "más relevante en el contexto de crisis económica y financiera de España y que ha motivado ya otras medidas de contención y racionalización del gasto público".

"Hoy más que nunca la sanidad pública gallega se demuestra como ejemplo de sostenibilidad del sistema sanitario español", enfatizó la conselleira Frajas. Frente al entusiasmo del Gobierno gallego, el Ministerio de Sanidad apunta que con las nuevas leyes de medicamentos que ha aprobado, el ahorro en Galicia en estos meses de paralización del catálogo de la Xunta, y de aplicación de las leyes estatales, "ha sido superior, alcanzando los 32 millones de euros". Un par de millones más de ahorro mensual que los que supone la aplicación de la Ley gallega serán una base del argumento del Ministerio para recurrir el acuerdo del Constitucional de levantar la suspensión de la aplicación del catálogo.

El Ministerio reconoce, como recoge el auto, que los medicamentos incluidos en el catálogo gallego no son dañinos para la salud, "pero la Xunta debe tener en cuenta que el argumento del ahorro en que se basa hace innecesaria la aplicación del catálogo", sostiene Martínez Olmos que alerta del "caos que generará esta medida". "Los ciudadanos de otras comunidades de España no podrán recibir en las farmacias gallegas los medicamentos que les han recetado sus médicos", explica el secretario general del Ministerio. Por su parte, los farmacéuticos colegiados gallegos evitaron pronunciarse al respecto. Fuentes del colegio de A Coruña -no hay colegio profesional de ámbito gallego- destacan que "acatarán el auto sin más" y matizan que la medida no les afecta.