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El Supremo tumba la biblioteca universitaria de Hadid en Sevilla

El tribunal sostiene que no está justificada la ubicación en zona verde

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no construir la biblioteca universitaria de Sevilla en el Prado de San Sebastián, un proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid y que lleva ya consumidos más de cuatro millones de euros. El Supremo argumenta que no está justificada su situación en una zona verde y que éstas "nacen para hacer habitable la calle". La obra fue uno de los proyectos estrella del ya ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y de la Universidad de Sevilla, que nunca previó esta resolución. La iniciativa judicial contra la biblioteca corrió a cargo de los vecinos, a quienes apoyó el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido.

El TSJA echó por tierra el proyecto para compartir el uso verde y el educativo con la Biblioteca Central Universitaria. El suelo donde se empezó a construir, pese a la oposición vecinal, se ajardinó en 1997 y está protegido por el PGOU de 1987, aunque no en el vigente, de 2006, que lo considera el espacio "educativo". Según el TSJA, este proyecto no favorece los intereses generales sino que "los debilita, en un claro retroceso para favorecer intereses educativos que no pueden primar" sobre los primeros. "El parque público se justifica por sí mismo", añadía la sentencia del tribunal andaluz, mientras que la biblioteca "atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia el desarrollo urbanístico".

El Supremo ha confirmado ahora esa resolución y reconocer que en "la amplia libertad de elección" del planificador urbanístico está "proscrita la arbitrariedad". Explica el alto tribunal que las zonas verdes han tenido siempre un régimen jurídico propio y peculiar que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de esas zonas, impidiendo "que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad".

El Supremo agrega que el cambio de calificación de los terrenos de El Prado a equipamiento educativo "no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional ni dicha decisión ha sido debidamente justificada".

"La elección de emplazamiento de un atractivo edifico en el centro de la ciudad de Sevilla, donde albergar una nueva biblioteca, es lo propio de la discrecionalidad. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado por el entorno universitario".

El Supremo no comparte el rechazo del TSJA a cualquier alteración en la calificación de una zona verde. Pero limita la libertad del planificador a los casos en que se advierta "una potente presencia de los intereses generales que demanden la reducción de la zona verde, lo que no es el caso". "Téngase en cuenta", adoctrina el Supremo, "que la protección de las zonas verdes, fundamentalmente cuando se encuentran en el centro de las ciudades, como es el caso, nacen de la función que cumplen para hacer habitable y respirable la calle, para incrementar las posibilidades del entorno y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos".

Aunque el Supremo concluye que el examen de los intereses de la comunidad universitaria y el de los ciudadanos "no tiene por qué ser contrapuesto", añade que, "esa no es la cuestión", toda vez que lo que impide tal fusión de intereses es la realización de una construcción sobre zona verde que priva de tal uso, en esa parte, a unos y otros".

Antonio Ramírez de Arellano, vicerrector de Infraestructura de la Hispalense, señaló hace seis meses que, si el Supremo daba la razón al TSJA, como ha ocurrido, "el PGOU tendría una situación conflictiva" y habría que analizar con el Ayuntamiento qué hacer. Ramírez admitía que la empresa constructora, Ferrovial, podría reclamar entre tres y seis millones de euros, al igual que la arquitecta Zaha Hadid.

Las claves

- El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, admitió tras la paralización de la obra que carecen de plan alternativo.

- El coste de la obra ejecutada es de cuatro millones de euros más 100.000 euros anuales en mantenimiento y vigilancia.

- Ferrovial podría reclamar entre tres y seis millones de euros.

- La arquitecta también podría demandar a la Universidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de junio de 2011

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