La Xunta inicia un plan contra el maltrato a los mayores

Los maltratos a personas mayores o adultos discapacitados es una realidad que ocurre en más hogares de los que se atreven a denunciar y su detección resulta complicada. Por este motivo, la Consellería de Traballo pondrá en marcha el primer Protocolo de Atención Coordinada contra el Maltrato de Personas Mayores o con Discapacidad, nacido a raíz de "la constatación de una realidad dramática que en ocasiones es dificil de detectar dado su caracter oculto", explicó la conselleira de Traballo, Beatriz Mato que no tuvo reparos en calificarla como "lacra" social. El objetivo del protocolo es conseguir una mayor eficacia en todas las fases del problema, desde su localización hasta la intervención, pasando por la prevención. En esta línea, la conselleira recordó que este tipo de maltrato afecta a personas "especialmente vulnerables" que necesitan una "atención específica" que hasta ahora no estaba incluida en ningún protocolo estatal ni autonómico. De esta manera, permitirá conocer y registrar la incidencia real de este comportamiento al poder funcionar a modo de registro único de las agresiones.

24 casos comprobados

Según explicó Mato, durante 2010 la Xunta registró desde el teléfono social un total de 24 casos de maltrato a mayores o personas adultas con discapacidad. Sin embargo, la Administración gallega considera que los casos reales son más, ya que el problema está oculto y todavía no existe un registro unificado con las fuerzas de seguridad. El perfil del maltratado es una mujer que vive en casa y que sufre negligencia en los cuidados o desatención.

Traballo se ocupará de formar a los 200 profesionales implicados para que conozcan sus contenidos, el papel de cada uno de los agentes y la orden de intervención. El curso desarrollará una selección de la normativa de aplicación en estos casos que servirá de marco legal y jurídico, así como un marco teórico con la definición de maltrato y los indicadores para detectarlo. Además, la Xunta habilitará plazas en las cuatro provincias dentro de la red pública con el fin de contar con recursos asistenciales para poder atender a las víctimas en aquellos sucesos en los que sea necesario. Inicialmente este documento será una guía que se constituirá en protocolo cuando lo suscriban todos los organismos implicados y sea llevado a la Fiscalía General del Estado.