Los socialistas instan al PP a alcanzar un pacto por el territorio

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Ninet, instó ayer al PP a alcanzar un pacto por el territorio con el consenso de todos los agentes políticos y sociales de la Comunidad Valenciana para fomentar "un nuevo urbanismo basado en la sostenibilidad y para recuperar la responsabilidad y el control en las actividades urbanísticas".

Ninet reclamó en ese sentido para la Comunidad Valenciana un nuevo sector de la construcción "bien dimensionado, sostenible, modernizado y que no vuelva a cometer los errores del pasado", al tiempo que recordó que el "error" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido el de "apostar por la construcción sin límites, sin hacer ninguna otra opción".

En su comunicado, la portavoz socialista reconoció que la construcción "es una actividad económica imprescindible, que ha de tener el peso que le corresponde en nuestra sociedad", pero advirtió de que es necesario apostar por una política urbanística "ejecutada con sentido común".

La propia directora general de Territorio y Paisaje de la Generalitat, Arancha Muñoz, reconoció hace unos días en la inauguración de una jornada internacional sobre nuevos retos ambientales, que la Comunidad Valenciana "ha crecido de una forma desordenada y sin un modelo territorial claro".

Suma de voluntades

En ese acto, Muñoz insistió en que en demasiadas ocasiones el modelo de crecimiento se ha limitado "a una suma de voluntades municipales" e instó a aprovechar la actual coyuntura económica para planificar una mejor ordenación del territorio valenciano.

Tan solo una semana antes, el actual presidente de las Cortes Valencianas y entonces consejero de Territorio y Medio Ambiente en funciones, Juan Cotino, aprovechó la sentencia del tribunal de justicia europeo sobre la ley urbanística valenciana para hacer una encendida defensa del modelo urbanístico marcado por el Consell en los años pasados.

Incluso anunció que el entramado legal que regula el urbanismo, solo se tocaría para simplificar la tramitación de los planes urbanísticos. Además, reivindicó la posibilidad que tienen los Ayuntamientos de prorrogar durante varios años los programas de actuación urbanística (PAI) que quedaron congelados tras el estallido de la crisis financiera en el año 2007.