El Bloque aboga por abrir el consejo de CRTVG a dirigentes políticos

Dos son los grandes argumentos que justifican la desvinculación del BNG del pacto para la reforma de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG): la defensa del gallego y las atribuciones organizativas. La diputada nacionalista Ana Pontón, representante del Bloque en la ponencia parlamentaria que discutió la ley, argumentó que esas atribuciones necesitan un "más profundo cambio que el nombramiento del director" de la compañía por mayoría cualificada del Parlamento, algo que sí fue consensuado. Pero su propuesta de despolitizar la gestión de la compañía choca con el texto alternativo que los nacionalistas presentan en el Parlamento, que abre el consejo de administración a cargos públicos y a dirigentes políticos, sindicales y empresariales.

El contraste entre el estatuto personal de los miembros del consejo que propone el BNG y el del resto de grupos es notable. Según la proposición de ley de PP y PSOE, la condición de consejero será "en todo caso incompatible con la de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política o con la pertenencia a organismos de dirección en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales". De acuerdo con la del Bloque, la incompatibilidad política se limitará a los "cargos públicos electivos".

De acuerdo con la propuesta del BNG, solo diputados, senadores y concejales pierden la capacidad de pertenecer al consejo, organismo para el que los nacionalistas demandan capacidad plena de decisión, y no solo de control. Conselleiros, concejales no electos y hasta líderes políticos podrían entrar por tanto en el consejo de administración. En la actualidad, los representantes del BNG en ese órgano son sus secretarios de Organización, Montse Prado Cores, y de Acción Municipal, Manuel Antelo Pazos.

Otra de las diferencias entre la ley del Bloque y la conjunta de PP y PSdeG consiste en las mayores atribuciones que el BNG le da al consejo, en detrimento del director general, así como la duración de los mandatos y el número de miembros del consejo de administración. Estos últimos reducen su composición a seis personas, frente a los 12 que proponen los nacionalistas, que quieren hacer coincidir el mandato de los consejeros con la legislatura, frente al período de cinco años que defienden populares y socialistas.

Pese a su mayor permisividad para las incompatibilidades políticas, un argumentario del BNG aboga por "desgubernamentalizar" CRTVG. Su principal propuesta al respecto pasa por depositar en una mayoría cualificada del Parlamento los contratos-programa con la empresa, que definen los contenidos de televisión y radio y las aportaciones de la comunidad autónoma a su financiación. PP y PSOE atribuyen a la Xunta esa potestad.

En cuanto al gallego, la única diferencia es que estos partidos determinan que este sea el idioma para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, en tanto que el BNG añade, entre las misiones específicas de ese servicio público, "el conocimiento y la difusión" del idioma, "dentro de un marco general de política de normalización".