El Supremo también tumba el decreto de traspaso del Guadalquivir

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de 17 de octubre de 2008 por el que el Gobierno central cedió las competencias sobre el río Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que en marzo anuló el artículo del Estatuto de Autonomía que daba respaldo legal al traspaso, la previsión era que el Supremo también tumbara el decreto que materializó esa cesión.

El traspaso de la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por Andalucía supuso un enfrentamiento entre comunidades autónomas. Además de por territorio andaluz, la cuenca también se extiende en parte por Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. El Gobierno extremeño llevó este enfrentamiento al Tribunal Constitucional, que finalmente decidió anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y darle la razón.

Pero, además, también se presentaron recursos contra el decreto de 17 de octubre de 2008 que permitió la transferencia de las competencias. En este último caso se interpusieron ante el Tribunal Supremo. Y fueron Extremadura y Castilla-La Mancha las dos autonomías, gobernadas entonces por socialistas, las que recurrieron, además de una asociación de ingenieros de Caminos.

Sin efectos inmediatos

Finalmente, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha resuelto primero el recurso presentado por Castilla-La Mancha y, según informó ayer la asociación agraria UPA, ha anulado el decreto de transferencia.

No es previsible que esta sentencia, con fecha del 13 de junio, tenga efectos inmediatos sobre la gestión actual del río. Tras el primer fallo del Constitucional y en previsión de este último pronunciamiento del Supremo, el Gobierno central y la Junta blindaron la gestión del río a través de una encomienda el pasado marzo.

Las competencias sobre el río volvieron al Gobierno central, pero la Junta seguía gestionando las políticas de aguas, fue el acuerdo alcanzado, que tiene una vigencia de seis meses. Las dos administraciones tienen que buscar ahora la fórmula definitiva de gestión del río que tenga encaje legal.