El BNG intenta sumarse al acuerdo de la reforma de TVG

Una semana después de romper el consenso en la ponencia que ha estudiado la reforma de CRTVG, el BNG se dispone a hacer un último esfuerzo que le permita reincorporarse al acuerdo pactado por socialistas y populares, que presentarán una proposición legislativa conjunta en el Parlamento. El texto se debatirá en otoño junto a una proposición de ley del Bloque que incluyen sus objeciones al proyecto, lo que, según el portavoz parlamentario de los nacionalistas, permitirá solventar las diferencias que impidieron el acuerdo.

El portavoz del BNG en el Parlamento, Carlos Aymerich, se refirió ayer a la protección del gallego y al esquema de dirección de la futura corporación como principales escollos de la negociación. En términos menos pesimistas que los empleados la semana pasada por Ana Pontón, representante del Bloque en la ponencia, para anunciar que su grupo se descolgaba del consenso, Aymerich prometió poner "la mejor de las voluntades para llegar a acuerdos".

Aymerich apostó por un nuevo marco legal de la radio y la televisión autonómicas "apoyado por todos". Para lograrlo, prometió realizar un esfuerzo para "acercar posiciones" y llegar a un acuerdo final, "ya que no fue posible alcanzarlo de inicio". El debate interno en el BNG respecto al apoyo a la reforma obligará a Pontón a comparecer hoy de nuevo ante los periodistas para explicar su postura, en esta ocasión acompañada por el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez.

El portavoz del grupo del PP y representante del mismo en la ponencia, Pedro Puy, celebró las palabras de Aymerich, y recordó que muchas de las propuestas realizadas por los nacionalistas durante el debate del texto se incorporaron al mismo. "Veríamos muy bien las aportaciones del BNG y el máximo consenso", apuntó Puy.

Las previsiones de la ponencia legislativa pasan por presentar el proyecto definitivo este mismo mes en la Cámara, para que pueda ser sometido a aprobación definitiva en el último pleno de octubre o en el primero de noviembre. El acuerdo entre populares y socialistas pasa por la elección del director general de la corporación por una mayoría cualificada del pleno del Parlamento y por una profesionalización y reducción del consejo de administración, que pasa de 12 a seis miembros. También contempla la creación de un estatuto profesional.