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Reportaje:Información privilegiada

Jaime Terceiro, el precursor

El expresidente de Caja Madrid diseccionó en 1995 el sector de las cajas de ahorros y planteó algunas de las medidas reconversoras que ahora se han abordado

"Como consecuencia de su compleja naturaleza jurídica, las cajas de ahorros presentan diversos problemas que las sitúan en posición desfavorable respecto a otras entidades. Estos problemas surgen de la asignación de los recursos, el control de los gestores, la constitución de los órganos de gobierno, la administración de grupos empresariales, el desarrollo de estrategias corporativas, la instrumentación de fusiones y la acumulación de recursos propios". ¿Suena? Suena a muy actual, pero lo escribía en diciembre de 1995 Jaime Terceiro, a la sazón presidente de

Caja Madrid, en un artículo de Información Comercial Española (ICE).

Terceiro, que llevaba ocho años al frente de la entidad financiera madrileña y no le quedaba mucho para ser relevado por el Gobierno del PP pese a que había sido reelegido para cuatro años más, ponía el dedo en la llaga sobre la realidad del sector. Sin embargo, fue como predicar en el desierto. Dentro del sector nadie le siguió, y el Gobierno y el Banco de España posiblemente tenían otros pitos que tocar en aquellos momentos.

El hecho es que entonces Terceiro apuntaba claramente al cambio de la naturaleza jurídica de las cajas y la privatización que ahora se abordan con tanta abundancia. En ese sentido, decía: "Debe quedar claro que no se puede privatizar lo que no es público y que la polémica debería centrarse en la definición de su naturaleza jurídica, paso previo ineludible para llegar a plantearse la privatización o cualquier otra concreción de los derechos de propiedad de estas instituciones".

Precisamente atribuía la ineficiencia en la asignación de recursos de las cajas a que esos derechos de propiedad no estaban correctamente definidos. Al respecto, afirmaba: "En todo caso, no creemos que, a estas alturas del debate, sea prudente establecer una tercera categoría consistente en defender una titularidad que no sea pública ni privada, sino que, simplemente, no exista".

Hablaba también de las dificultades para la acumulación de recursos propios. Sostenía que "la inexistencia de capital social impedía que una caja pudiera ser adquirida por otra y dificultaba llevar a cabo procesos de fusión o absorción". Ello suponía "perder muchas oportunidades y un importante instrumento para revisar la estructura del sistema, ya que las fusiones entre cajas de distintas comunidades serían las más racionales, contribuyendo a eliminar los problemas de tamaño, de su posible déficit de recursos propios y de su concentración en mercados locales o regionales estrechos con escasas posibilidades de crecimiento y una elevada concentración de riesgos".

El sector había vivido ya un proceso de concentraciones, pero siempre se habían hecho entre cajas de las mismas regiones. En 1980 había 79 cajas confederadas; en 1994 se redujeron a 51. "Si el proceso continúa así se llegará a 17, una por comunidad; pero cabe preguntarse si este es el mejor planteamiento y si es compatible con las tendencias desreguladoras y de globalización del nuevo entorno financiero", incidía. "Evidentemente, esta situación no es ajena a las competencias que la legislación atribuye a las comunidades autónomas en materia de cajas de ahorros", criticaba.

A su juicio, "la inestabilidad de los órganos de gobierno de las cajas, asociada al ciclo político, ha dado lugar a una endogamia y una tendencia a que surjan intereses comunes entre los máximos niveles gerenciales y los trabajadores". Ello se debe a que, mientras en una sociedad anónima los propietarios eligen el consejo de administración, en las cajas, al no existir propietarios, se acude a otras fórmulas. La Ley Orgánica Reguladora de las Cajas de Ahorros (LORCA) estableció que se repartiera entre impositores, empleados, entidades fundadoras, ayuntamientos y comunidades autónomas con una asamblea general que nombrara un consejo y una comisión de control.

Parecía premonitorio, pero al final la creación de los llamados Sistemas Institucionales de Protección (SIP) ha ido por el camino que proponía y ha permitido solventar muchos problemas con integraciones interregionales. Aunque no parece que le hayan hecho mucho caso sus paisanos gallegos. Y, como hacía Terceiro entonces, cabe plantearse que lo relevante "no es si las cajas de hoy son o no entidades sólidas, sino en qué medida van a ser capaces de alcanzar resultados satisfactorios en un contexto de competencia y bajo unas reglas de juego distintas de las que históricamente han tenido".

Razones y cambios en Caja Madrid 15 años después

Jaime Terceiro tuvo el mérito de tener la razón y la desgracia de hacerla pública. Casi un año después del artículo en Información Comercial Española, el Gobierno del PP alcanzó un acuerdo en el consejo de Caja Madrid para relevarle por Miguel Blesa, amigo de José María Aznar. En ese acuerdo se recogía el "compromiso de defensa de la actual naturaleza jurídica de las cajas" y la "oposición a cualquier fórmula de privatización total o parcial". Entonces era la caja más solvente y la mejor valorada junto a La Caixa. Hoy ha creado un banco, Bankia, junto a otras seis, ha recibido ayudas públicas por más de 4.000 millones y está inmersa en un proceso de privatización. Su presidente es Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno que liquidó a Terceiro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de junio de 2011

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