Portugal busca una salida

El nuevo Gobierno de Portugal tendrá que adoptar en lo que queda de año unas 200 medidas para poner en orden las cuentas públicas. Forman parte del duro programa de austeridad de tres años impuesto por los prestamistas internacionales a cambio de un rescate financiero de 78.000 millones de euros, e implican a nueve ministerios, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Banco de Portugal.

Entre el 10 de abril y el 5 de mayo, las delegaciones de la llamada troika de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) tuvieron reuniones con el ministro de Finanzas y otros miembros del Gabinete del socialista José Sócrates, el gobernador del Banco de Portugal y responsables de bancos privados, corporaciones, organizaciones empresariales, sindicatos y partidos de la oposición. "El éxito del programa de austeridad dependerá de su aplicación", decían los representantes de la troika el pasado 5 de mayo en Lisboa, al presentar públicamente las medidas de ajuste para poner en orden las cuentas públicas. Crecimiento económico, corte del gasto y aumento del ingreso son los objetivos.

Un centenar de empresas serán privatizadas de aquí a 2013

A final de año se abordará la reforma del mercado laboral

El FMI, que aportará 26.000 millones de euros del préstamo de 78.000, y el Ministerio de Finanzas han difundido el listado de medidas que tendrá que poner en práctica el próximo Gobierno de centro-derecha de Pedro Passos Coelho, vencedor de las elecciones de hace una semana. La raíz de los males está en los bajos niveles de crecimiento. La recesión será inevitable durante 2011 (-2,2%) y 2012 (-1,8%), el desempleo aumentará hasta el 12,1% a finales de 2011, y el 13,4%, en 2012, y la gigantesca deuda alcanzará el 106,4% del PIB en 2011 y llegará a un techo del 115,3% en 2012, para empezar a caer lentamente hasta el 111% en 2016. Con estos indicadores tan inquietantes, la cirugía mayor del programa de austeridad puede no ser suficiente, según advierte el FMI.

El plan exige empezar a trabajar rápido, y para el segundo trimestre de 2011 contempla iniciar el proceso de venta del Banco Portugués de Negócios (nacionalizado por el Gobierno saliente tras descubrirse un agujero millonario), dedicar 12.000 millones del rescate a capitalizar el sistema bancario y realizar una auditoría de las acciones sin resolver en los tribunales (procesos ejecutivos, impagos, juicios tributarios y laborales) para acelerar su resolución.

Para finales de julio está prevista la eliminación de la acción de oro que mantiene el Estado en varias empresas privatizadas y que le confieren derechos especiales, un calendario para el aumento de la luz al eliminar las tarifas reguladas y un inventario de las 10 empresas públicas que suponen un mayor riesgo para los presupuestos del Estado. En agosto se hará público un listado de todos los impagos en que incurren entidades públicas.

El tercer trimestre entrarán en vigor medidas para acelerar el funcionamiento de un mercado ibérico del gas natural y acordar con España la eliminación de la doble tarifa. Se presentará, asimismo, un plan estratégico para la reforma de los transportes públicos. La deuda de este sector es de 12.000 millones de euros, que incluye el metro de Lisboa y Oporto, ferrocarriles, autobuses, tranvías y transbordadores del Tajo, según explica Fernando Nunes da Silva, concejal de Transporte del Ayuntamiento lisboeta. El programa de la troika contempla la privatización de varias empresas de transportes.

A finales de septiembre se presentarán las bases de la reforma de la vivienda, que incluirá una nueva ley de arrendamiento urbano, una nueva legislación en materia de rehabilitación y un inventario de edificios y terrenos para efectos fiscales. João Ferrão, secretario de Estado de Ordenación del Territorio y Ciudades del primer Gobierno de José Sócrates, subraya que la crisis ha disparado la morosidad. "Los bancos embargan todos los días viviendas por falta de pago. Hay un millón de pisos cerrados en Portugal, y nuevas urbanizaciones y barrios fantasma, con edificios prácticamente vacíos".

"Las reformas estructurales son las más importantes y las más difíciles", ha dicho desde el primer día Poul Thomsen, jefe de la misión del FMI en las negociaciones en Portugal. El caballo de batalla será la reforma de la justicia, que dará sus primeros pasos en septiembre. El economista Alvaro Santos Pereira, de la Fraser University de Vancouver, compara el estado de la justicia portuguesa con un cáncer. "En 1995 había 600.000 acciones pendientes de cobro de deudas. Actualmente hay más de un millón y medio". Para simplificar los procesos interminables los mecanismos extrajudiciales, como el arbitraje, pueden ser una alternativa para actuar de forma más expedita, señala. La reforma de la Administración pública empezará también el tercer trimestre con la reducción de nuevas contrataciones. Ferrão admite que "no hay un registro oficial de las empresas municipales en Portugal". "¿Cómo se puede reformar lo que no se conoce? Aquí hay dos problemas: no hicimos las reformas que teníamos que hacer y no disponemos de la información que deberíamos tener".

Santos Pereira opina que las medidas más difíciles de aplicar serán "las que pueden generar conflicto social". La lista en este capítulo es larga, empezando por los recortes en salud (copago, menos deducciones fiscales), que comenzarán en septiembre, y sigue con la congelación de salarios y pensiones (excepto las más bajas) hasta 2013. Aumentarán los impuestos: en los inmuebles, vehículos, tabaco, electricidad... y Hacienda preparará un plan estratégico contra el fraude y la evasión fiscal.

En el cuarto trimestre se abordará la reforma del mercado laboral, que incluye reducción en tiempo y valor del subsidio de desempleo, abaratamiento del despido y la posibilidad de negociar convenios sectoriales directamente con los trabajadores sin contar con los sindicatos. "Espero que el próximo Gobierno comprenda que será necesario un pacto social", subraya Santos Pereira.

Entre las medidas para mejorar la competitividad del último trimestre destacan las privatizaciones, a realizar hasta 2013, y que incluyen un centenar de empresas como aeropuertos, la compañía aérea TAP, la petrolera Galp, la eléctrica EDP, Correos, con el propósito de ingresar 5.000 millones de euros.

Para bajar los costes del trabajo, el programa contempla una rebaja de la aportación empresarial (23,75%) a la llamada tasa social única, que cubre las prestaciones sociales. El problema es que esta medida solo se puede financiar cortando gasto, es decir, con menos Estado o con más impuestos (IVA). "Es una medida muy impopular que hay que explicar bien", advierte Santos Pereira.