Un plan "sucio desde la primera página a la última"

La Coalició Compromís presentará mañana la solicitud para que se cree una comisión de investigación en las Cortes que indague sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ahora en manos de un juzgado que trata de descifrar si el promotor Enrique Ortiz se benefició de la información privilegiada que fue recabando de la alcaldesa, Sonia Castedo, entre otros.

La diputada de Compromís Mireia Mollà recordó que hasta ahora los implicados en la tramitación judicial han negado haber aceptado regalos del promotor investigado, pero no que "hayan abierto las puertas del Ayuntamiento a Ortiz". Y abogó por que la comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes vaya más allá de su cometido habitual y "abra un debate sobre la ética y la honestidad" de los parlamentarios.

Mollà pidió a la Generalitat que rechace el PGOU de Alicante y lo devuelva. "Está sucio desde la primera página a la última", dijo la diputada.

Por su parte, Esquerra Unida (EUPV) registró ayer un escrito en la sede de la Consejería de Urbanismo de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la tramitación del PGOU mientras se prolongue el procedimiento judicial en marcha. El concejal electo de EUPV Miguel Ángel Pavón argumentó que el contenido del sumario "deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU".

El PSPV también criticó el supuesto trato de favor de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al constructor Ortiz. Elena Martín, cabeza de la oposición en el Ayuntamiento, pidió a Castedo "que no recoja su acta, que dé explicaciones inmediatas y asuma su responsabilidad por haber mentido descaradamente". Todo ello tras lanzarle la acusación de "haber puesto los intereses de los alicantinos y alicantinas en el comedor de un yate [de Enrique Ortiz]".

"Lo habitual"

Mientras toda la oposición salió en tromba a acusar a la regidora alicantina, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se defendió de las informaciones que lo sitúan en la órbita del empresario investigado, al que supuestamente habría favorecido. Flores calificó de "habitual" el hecho de adelantar a los contratistas el resultado de los concursos antes de hacerse públicos y dijo que no tiene nada que ocultar.

Para sostener su argumento también esgrimió que parte del trabajo que desarrolla es "hablar todos los días, si es posible, con los empresarios de obra pública y con los alcaldes, y atender sus peticiones y ser lo más amable posible con ellos".