El Igape defiende la eficacia de sus controles sobre las ayudas
La entidad deja a Economía la inspección sobre el terreno
El Instituto Galego de Promoción Económica, dependiente de la Consellería de Economía, aseguró ayer que realiza un "control exhaustivo de la documentación", antes de pagar las ayudas que otorga a las empresas. En un comunicado, y a raíz de las dudas que ha suscitado la investigación judicial en el marco de la Operación Campeón, el organismo subraya que "se cumplen todos los requisitos previstos en las bases reguladoras correspondientes publicadas en el Diario Oficial de Galicia". "Primero se hace una comprobación exhaustiva y después, el pago correspondiente". Como carece de un cuerpo propio de inspectores para verificar sobre el terreno el destino final de las líneas de apoyo, antes de realizar las liquidaciones, en los grandes proyectos de inversión "solicita un informe sectorial del departamento territorial de la consellería correspondiente por razón de actividad". Con carácter general, son las delegaciones territoriales de la Economía e Industria las que lo realizan, a excepción de los proyectos relacionados con el turismo, fiscalizados por la Consellería de Cultura.
El instituto de crédito carece de un cuerpo de inspectores propio
"No se pagan las subvenciones hasta recibir el informe de los técnicos después de que una inspección en la empresa compruebe que la inversión ha sido realizada conforme con lo proyectado", señala Industria. En el caso de las ayudas a través de la línea de Incentivos Regionales, que en su mayoría son compatibles con otras del Igape, las inspecciones las realiza el organismo in situ y el control se mantiene durante cinco años. La operación Campeón, que sigue abierta, ha puesto en el punto de mira al grupo industrial del empresario lucense Jorge Dorribo, con la empresa farmacéutica Nupel a la cabeza. La juez de Lugo Estela Sanjosé lo mandó a prisión y mantiene imputadas a otras 14 personas, entre ellas el exdirector del Igape, Joaquín Varela de Limia.
Supuestamente, una trama organizada se encargaba de presentar ante el organismo facturas falsas para enmascarar inversiones que nunca llegaban a realizarse. A cambio cobraba cuantiosas ayudas públicas, como un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de tres millones de euros liquidado en 2010 o una ayuda de casi un millón que fue autorizada en marzo y que, según el conselleiro de Economía, Javier Guerra, la empresa "no va a cobrar". La Consellería de Sanidade tiene abierta una investigación para determinar si la red de sociedades está también relacionada con operaciones irregulares de reventa de fármacos. El departamento de Pilar Farjas ya investigaba previamente si determinadas farmacias estaban llevando a cabo esta práctica ilegal.
El Igape es un gestor de fondos (de la Unión Europea, del Estado o de la Xunta) condicionados por reglamentaciones particulares sujetas a supervisión documental en el 100% de los casos. Sin embargo, en sus casi 20 años de historia ha otorgado cuantiosos avales y ayudas públicas a empresas que en algunos casos han terminado quebrando.
Tras el escándalo de la operación judicial, el conselleiro Javier Guerra afirmó que el instituto seguirá funcionando con normalidad.
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