Indigestión de cemento
El territorio valenciano acumula, según datos oficiales, una bolsa de vivienda nueva sin comprador superior a las 110.000 unidades, la mayor parte en el litoral. Si añadimos las viviendas en construcción y las usadas en venta, este stock puede ascender a 200.000 unidades. Y la cifra sería mayor si se conociese el pasivo inmobiliario que bancos y cajas han acumulado entre promociones propias y ejecuciones hipotecarias.
Esta desmesurada oferta se topa con una raquítica demanda, cuyo componente especulativo y turístico se ha desinflado con la crisis, al tiempo que repunta el tipo de interés hipotecario y se desvanecen las ilusorias expectativas de revalorización. De otra parte la demanda efectiva de vivienda de los hogares españoles, los más endeudados de la UE, acusa tanto el declive de la población inmigrante, como la de los potenciales demandantes autóctonos, básicamente jóvenes muy castigados por el paro, que en nuestra comunidad supera en tres puntos la media española, y por los recortes sociales y salariales.
La Comunidad necesita de cuatro a seis años para absorber el 'stock'
El Consell prefiere optar por relanzar la propaganda a favor del ladrillo
Los mismos promotores, por boca del presidente de su asociación nacional, estimaban a mediados de 2010 que territorios como el valenciano necesitarían entre cuatro y seis años para absorber el stock acumulado, siempre suponiendo, añadimos nosotros, que la construcción se mantuviese durante ese periodo por debajo de las compras.
La digestión del sobredimensionado e infrautilizado stock de suelo y viviendas que lastra a la economía valenciana requiere de políticas públicas decididas. Expertos independientes como J. M. Naredo, apuestan por un plan de reconversión del sector orientado a conectar pisos vacíos y personas sin vivienda y a reconstituir a precio de saldo el casi desaparecido parque de vivienda social, las dotaciones de suelo público y a decidir incluso la demolición de algunas promociones en curso. Un plan que ayudaría además a aligerar, aunque nunca sin contrapartidas, la deuda de las inmobiliarias y financieras propietarias de buena parte de ese stock, que padecen problemas de liquidez y/o de solvencia.
Pensamos que cabría asumir también la ineludible reversión de buena parte del suelo aún vacante reclasificado en los últimos años con fines especulativos, singularmente en los casos en que no pueda acreditarse la existencia de un interés general o una demanda residencial efectiva de carácter social.
Aunque parece que el gobierno valenciano, aprovechando la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo -cuyo único objeto era la controversia técnico-jurídica sobre el tipo de contratos que ligan a Ayuntamientos y Agentes Urbanizadores y que para nada absuelve al urbanismo valenciano de los abusos cometidos y repetidamente señalados en resoluciones del Parlamento Europeo-, prefiere optar por relanzar la propaganda a favor del ladrillo y apostar por la ilusoria venida de inciertos "inversores" de lejanos países que nos librarán de la mortal indigestión de cemento que la errónea política del mismo Consell ha contribuido a crear. Una peligrosa propaganda que puede alentar un ficticio "tirón" de la construcción, ahondando el endeudamiento de empresas y hogares como en los peores momentos de la burbuja inmobiliaria.
Antonio Montiel es abogado y portavoz de Per l'Horta.
