Pascual amenaza con sancionar a las enfermeras que lleven pantalón

La empresa José Manuel Pascual S.A. ha remitido una carta a cinco enfermeras de la clínica San Rafael de Cádiz en la que les advierte de que no cumplir con el uniforme reglamentario, que impone falda, delantal y cofia, puede conllevarles nuevas sanciones disciplinarias. Estas enfermeras comenzaron a usar pantalón el pasado fin de semana cuando tuvieron en sus manos una sentencia del Tribunal Supremo que considera esta obligatoriedad como "discriminatoria". CC OO denunció ayer esta misiva ante la Inspección de Trabajo.

La carta de la clínica es la repetición del escándalo vivido hace tres años cuando la denuncia de estas enfermeras contra su uniforme consiguió una amplia difusión mediática. Entonces varias enfermeras llegaron a ser sancionadas con varios meses sin empleo ni sueldo por usar el pijama sanitario en lugar de la falda y la cofia. Según argumentaron, sus compañeras de quirófano y el personal masculino sí podían utilizar pantalón, una prenda que ellas prefieren por considerarla más cómoda, más segura y más "digna". El Supremo les ha dado la razón y considera que imponer un uniforme de este tipo supone atentar contra el derecho constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres.

La clínica alega que todavía puede recurrir el fallo al Constitucional

Cinco enfermeras, todas ellas pertenecientes a CC OO, decidieron aplicar la sentencia el pasado sábado. Entre ellas, la que fue presidenta del comité, Adela Sastre. "La empresa no facilita los pantalones. Hay que pedirlos a la dirección y eso nos retrata a todas", aseguró. A eso atribuye que del centenar de enfermeras solo ellas hayan dado este paso. Hasta el jueves la clínica había guardado silencio pero el jueves recibieron la carta. "Las auxiliares de enfermería deben abstenerse de utilizar otro uniforme distinto al que la dirección del centro les tiene asignado para evitar una posible sanción disciplinaria. La empresa no puede asignarles idéntica ropa de trabajo que la de los hombres porque no existe ningún trabajador varón en su categoría profesional prestando servicio".

La dirección regional de Comisiones denunció ayer estas cartas ante la Inspección de Trabajo. "Tenemos que pedir el cumplimiento de la legalidad vigente amparada en la sentencia del Supremo. Es una práctica discriminatoria y una actitud empresarial que no resulta objetivamente justificada. Es una nueva escalada de acoso contra las trabajadoras", lamentó ayer el secretario de la federación andaluza de Sanidad, Humberto Muñoz. El sindicato también ha anunciado que solicitará la intervención de la Junta, que mantiene conciertos con esta empresa en varios hospitales y clínicas.

La empresa argumenta que la sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional. De ahí que su reglamento sobre vestuario sigue vigente. También recuerda que el Supremo, aunque ha dado la razón en parte a las enfermeras, remarca que la falda del uniforme reglamentario tiene "dimensiones normales" y nunca ha atentado contra la dignidad o el honor de las auxiliares de enfermería.