La crisis dispara la ocupación ilegal de casas en Alicante

La crisis económica, el pillaje de algunos y la gran cantidad de viviendas vacías que se reparten por la geografía valenciana (entre 110.000 y 200.000, según las fuentes) ha disparado la ocupación ilegal de pisos. Y en la mayoría de casos, los promotores o sus dueños ni lo saben.

El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, confirmó ayer que en los cinco primeros meses de 2011 se han producido 30 denuncias por usurpación de viviendas en la ciudad de Alicante. Y estas actuaciones son una de las principales quejas vecinales, que ayer trató la comisión provincial de policía en la Audiencia. Magro explicó que hay casos flagrantes de acceso a un domicilio ajeno usando "la patada en la puerta" para ocupar una residencia durante un periodo de tiempo más o menos largo.

El robo de fluido eléctrico también aumenta en la zona norte de Alicante

También confirmó que en un importante número de casos los okupas son en realidad delincuentes comunes que "atemorizan a los vecinos", amenazándoles físicamente si trasciende su ilegalidad. Por eso, Magro cree que hay más denuncias de particulares pendientes de ser presentadas.

De la reunión también se derivó la futura actuación en los casos de subarrendamiento parcial de viviendas que sean de alquiler reglado para evitar que los inquilinos obtengan dinero a cambio de ceder una parte del inmueble a un número indeterminado de personas. Las fuerzas policiales piden la colaboración ciudadana para que denuncien "anónimamente" estos delitos perseguibles de oficio, sin necesidad de que alguien presente cargos.

En la comisión provincial de policía están representados el presidente de la Audiencia; el juez decano, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig y representantes de la Guardia Civil y las policías local y nacional. Y ayer se les unió un miembro de la empresa Iberdrola para analizar los robos de fluido eléctrico, que se han doblando durante los últimos años. Solo en 2009, la empresa proveedora del suministro eléctrico detectó 9.000 enganches ilegales a su red en la Comunidad Valenciana, una cifra que "se ha disparado" como consecuencia de la crisis económica.

La mayoría de los fraudes de fluido se producen "por enganches a una toma general" de la compañía y no por conexiones a las redes vecinales. Por eso, en la reunión se propuso que estas causas concluyan con un juicio rápido, de faltas en ocho días si el importe defraudado no supera los 400 euros o en 15 días por delito si rebasa la misma cantidad, lo que conllevaría penas de prisión. La intención es "dar una respuesta rápida", que requiere "un informe pericial de lo defraudado" para que la fiscalía pueda preparar un escrito de acusación.

El fraude eléctrico ha proliferado en mayor medida en la zona norte de Alicante, la parte más degradada de la ciudad.