Retos pendientes de la reforma financiera

El trabajo para la re-regulación del sector financiero sigue su curso, y en la próxima reunión del G-20, que se celebrará el mes de julio, se abordará el nuevo marco normativo en el que deberán actuar las entidades financieras sistémicas. Estos bancos son definidos conceptualmente como aquellos a los que las autoridades públicas jamás podrían dejar caer, dado que su quiebra supondría el colapso del mercado. De este modo, estas entidades contarían con un respaldo implícito del sector público que les podría conducir a minusvalorar el riesgo de sus operaciones.

Pues bien, el G-20 tomará en julio una decisión sobre la definición formal de tales entidades y sobre la regulación especial que deberán cumplir. Esta agenda, que da continuidad al incremento de los requerimientos de capital acordado en el pasado año para todos los bancos, sufre, sin embargo, de cierta inconsistencia que puede hacer los esfuerzos regulatorios baldíos. De algún modo, los reguladores parecen preocupados en instalar más extintores para apagar futuros incendios, pero están menos activos en el incremento del uso de materiales ignífugos.

Poco o nada se ha hecho para mejorar la transparencia de los mercados

El núcleo central de las reformas debe ser la revisión de los fallos que han disparado el riesgo

La crisis financiera internacional tiene su origen en una laxa política monetaria, que mantuvo durante demasiado tiempo los tipos de interés relativamente reducidos, dando lugar a una extraordinaria burbuja, sin que la inflación de bienes y servicios diera muestra de tan preocupante recalentamiento. Junto a esto, el discurso de la autorregulación de los mercados financieros acabó perfilando un entorno con relevantes problemas de externalidades negativas, información asimétrica y de riesgo moral que multiplicaron el riesgo del sistema (véase: shadow banking, mercado OTC, agencias de rating, sistemas de remuneración pro-risk taker, too-big-to-fail, etcétera). De este modo, el hiperexceso de liquidez fue canalizado a través de productos y mercados en los que no se alineaba la rentabilidad y el riesgo asumido.

Por último, una vez explosionada la crisis, las entidades financieras se encontraron con problemas de liquidez y en algunos casos de solvencia, ante los cuales los requerimientos de capital regulatorio no fueron suficientes. Este escenario hizo peligrar el sistema en su conjunto, y las autoridades se vieron obligadas a inyectar dinero público, por distintas vías y formatos, para estabilizar el mercado.

Este ha sido, a grandes rasgos, el orden que ha llevado la crisis financiera y que sustenta ahora una revisión de la regulación del sector. En este sentido, las autoridades están centrando sus reformas en elevar la solvencia, incrementando los requerimientos de capital y exigiendo un mayor peso del equity. Además, han planteado la introducción de cierta corrección al efecto procíclico en los requerimientos de capital dada su ponderación por riesgos, así como la inclusión de ratios de liquidez.

Sin entrar en la idoneidad de los instrumentos elegidos para implementar estos dos últimos objetivos, los reguladores están intentando con tales medidas mejorar la capacidad de absorción de pérdidas de las propias entidades financieras y parece ser que serán más exigentes con los bancos con riesgo sistémico. En esta línea, todo indica que las autoridades realizarán una definición de banco sistémico en relación con el tamaño de la entidad y a la interconexión entre los distintos tipos de negocio bancario en el que operen (minorista, mayorista, banca de inversión, etcétera). El resultado que se apunta será mayores exigencias de capital regulatorio.

En términos generales, tales reformas van dirigidas exclusivamente a mejorar la capacidad de absorción de pérdidas del sector y a minimizar, por tanto, el uso de fondos públicos en operaciones de salvamento. Sin duda, tal propósito resulta encomiable, pero pasa por alto no solo la reforma necesaria de los objetivos e instrumentos de la política monetaria, que es condición suficiente para la creación de una burbuja, sino también del marco de incentivos que condujo a canalizar tal exceso de liquidez a través de operaciones de mercado que multiplicaron el riesgo de las entidades.

Por todo ello, en primer lugar resulta necesaria una reevaluación de la política monetaria, especialmente ahora que las medidas extraordinarias para superar el shock financiero comienzan a corregirse y las autoridades monetarias avanzan en un plan de salida. De este modo, es necesario cuestionar si un único objetivo de la inflación de los bienes y servicios es suficiente para suavizar los ciclos o si bien se debería valorar la toma en consideración de la inflación de algunos activos, en cuyo caso habría que preguntarse si la intervención a través de los tipos de interés es el mejor instrumento para controlar tales burbujas. Y en esta línea, habría que examinar las herramientas para una gestión macroprudencial a través de nuevos encajes, limitaciones al loan-to-value y del resto de instrumentos no convencionales. Sin duda, la vuelta a este tipo de instrumentos supone asumir una potencial pérdida de eficiencia en la gestión financiera, si bien los fallos de mercado que ha revelado la presente crisis dejan patente que, a menos que se aminoren con reformas oportunas, la mano invisible no conduce al óptimo paretiano.

Esto engarza con la principal crítica a la agenda de reformas en curso. De algún modo, las autoridades han centrado sus reformas en mejorar la capacidad para gestionar crisis; sin embargo, parecen haber renunciado implícitamente a resolver los problemas de gestión del riesgo que emanan de los fallos de externalidades, información asimétrica y en parte riesgo moral que canalizaron la burbuja de liquidez hacia productos de alto riesgo. Poco o nada se ha realizado para mejorar la transparencia de los mercados financieros, creando plataformas de negociación con cámaras de compensación y ampliando el perímetro de supervisión y regulación a todas las entidades susceptibles de operar en mercados financieros. Además, poco se ha hecho también en la revisión de los sistemas de remuneración o en la regulación de las agencias de rating.

Asimismo, el esfuerzo regulatorio que se adivina para los bancos sistémicos debería ir encaminado fundamentalmente a facilitar la tarea de supervisión del sector público, una vez se ha aparcado la idea de retomar alguna versión de la ley Glass-Steagall por sus costes en eficiencia. Pero en todo caso, parece razonable adoptar algún modelo de subsidiarias al estilo retail ring-fence como recomienda la Comisión independiente del Reino Unido, que no se encuentra lejos del modelo de la banca universal española. También se podría intensificar el control sobre las entidades a través de los organismos de competencia. Con todo, las autoridades se están inclinando con un método de control ex post mediante el incremento de los requerimientos de capital que en todo caso debería ser el último recurso en la medida en que pudiera afectar al carácter asegurador de los bancos universales bien gestionados.

Y ese debería ser el núcleo central de las reformas: la revisión de los fallos del mercado que han disparado el riesgo en la gestión financiera. De algún modo, la reforma se está centrando en mejorar la calidad del pasivo que sustenta los activos del balance de las entidades financieras, pero se ha avanzado muy poco en intentar alinear mejor la rentabilidad y el riesgo de los créditos del activo. Además, en la medida en que se eleve la presión regulatoria sobre el sector, mayor puede ser el volumen de actividad financiera que se realice fuera del perímetro de regulación a través del shadow banking. El propósito inicial del G-20 fijaba como objetivo alcanzar un sector financiero más seguro, pero solo estamos ampliando el número y la potencia de los extintores. En algún momento habrá que revisar la calidad de los materiales con que se está construyendo el mercado.

Jonás Fernández Álvarez es director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados.