El Parlamento rechaza por cuarta vez una investigación del caso de los ERE

En plena resaca de las elecciones municipales, el PP llevó ayer una vez más al Parlamento andaluz su ofensiva sobre el fraude de los ERE. Media docena de preguntas, una moción y una nueva petición de una comisión de investigación sobre el caso (la cuarta), en esta ocasión centrada en los llamados ERE muertos (los ya concluidos y abonados en su totalidad). Como en las anteriores tentativas, volvió a ser rechazada por la mayoría socialista.

El diputado socialista Ángel Gallego dijo que el Ejecutivo andaluz no va a "entrar en el juego" del PP sobre este asunto, en el que se está haciendo una "utilización farisaica o torticera del control parlamentario". Lamentó que el PP no vea suficientes las explicaciones que está dando el Gobierno en la Cámara -con comparecencias y respuesta a preguntas orales y escritas- y la colaboración con la justicia desde el primer momento en que se conoció el caso.

Oña: "El PSOE ha creado una bola podrida, hedionda y pestilente"

El PP había planteado esta iniciativa después de denunciar que existen 349 expedientes de ayudas sociolaborales abonadas ya con cargo a las ayudas extraordinarias que fueron calificadas como "fondo de reptiles" por el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso. La portavoz del PP, Esperanza Oña, explicó que lo que pretende su grupo es que se conozca la "política delictiva" que se ha producido en los últimos años, y los motivos por los que el Gobierno se está haciendo "cómplice de los chanchullos". Preguntó al PSOE "qué es lo que quieren proteger" y si necesita "que se robe más a mansalva", al tiempo que acusó al Gobierno de ser "sospechoso de encubrimiento".

La portavoz habló de "maniobras dilatorias del que sabe que no vive cómplice con la decencia", y aseveró, dirigiéndose a los escaños socialistas: "En esa bancada hay culpables y ustedes los están protegiendo". Porque los responsables directos de la trama "pertenecen al PSOE", ya que son los creadores de "una bola podrida, hedionda y pestilente".

Por su parte, José Antonio Castro (IU), justificó el apoyo a esta iniciativa del PP en que se trata de un acto de "coherencia" con la petición de transparencia que demandan los ciudadanos.

Por otra parte, Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, ha recurrido su imputación en el caso ante la juez de instrucción 6 de Sevilla con el argumento de que todos sus actos estuvieron respaldados por la Inspección de Trabajo, la dirección de Mercasevilla y el Comité de Empresa.

Uno de los "intrusos" que le imputa la juez Mercedes Alaya, la inclusión de su cuñado José Antonio M.S. en el ERE de la empresa Surcolor, no aparece respaldada por el informe policial aportado a la causa, en el que "para nada se cita" a Rivas ni se le relaciona con los hechos investigados, sostiene la defensa.

Varios centenares de prejubilados afectados por el impago de sus pólizas se han encerrado ayer en la dirección general de empleo de la Junta para exigir un compromiso de pago. Se trata de un grupo cuya póliza estaba gestionada por la compañía belga Apra Leven, que se encuentra en situación de quiebra y no estaba adscrita al Consorcio de Seguros español, por lo que este no se hace cargo de esas pólizas.

La juez también ha admitido la personación en el caso del sindicato CSIF-A, que se querelló contra todos los posibles imputados por ocho presuntos delitos.