Hernández regularizará los pisos ilegales de Fisterra

Como en Barreiros, la Xunta no solo mirará hacia otro lado ante las urbanizaciones ilegales que proliferaron en Fisterra (la mayoría, de promoras vinculadas a cargos del PP en la Costa da Morte) sino que hará todo lo posible por regularizarlas. Hasta ayer, el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. que dirige Agustín Hernández, había advertido de que no moverá un dedo para pedir la ejecución de la sentencia que provocaría la demolición de 168 pisos ilegalizados en la llamada Recta da anchoa, pegados al mar. Pero en su comparecencia en el Parlamento, el conselleiro Hernández aseguró que su propósito es legalizar esas urbanizaciones, tal y como también pretende hacer la Xunta con las edificaciones ilegales de Barreiros, en A Mariña lucense, y que motivaron una denuncia por prevaricación del fiscal contra el alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP

En ambos casos, los permisos para obrar fueron impugnados por el bipartito durante la pasada legislatura y la justicia le dio la razón al Gobierno de Touriño con sentencias firmes. Según explicó ayer Hernández en el hemiciclo, ante una pregunta de la diputada nacionalista Teresa Táboas, su departamento "está analizando si las circunstancias de dotación de los servicios urbanísticos en el momento en que se otorgaron las licencias cambiaron debido a las obras realizadas en la zona dentro de un plan provincial con el objeto de determinar una posible legalización, tal y como se está haciendo en Barreiros".

Arbitrariedad

La explicación de la Xunta apunta a que la mera dotación de infraestructuras (pagadas a posteriori con fondos públicos) en las urbanizaciones ilegalizadas solventaría el problema de la licencia, cuando los fallos de los tribunales contra los que ya no cabe recurso, establecen exactamente lo contrario: que "es irrelevante" para modificar la situación de las viviendas, puesto que el procedimiento queda invalidado desde el principio, cuando el Ayuntamiento debió considerar esos suelos como urbanos no consolidados y por tanto vedados a las grúas.

El conselleiro deslizó la idea de que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística habría actuado, en tiempos del bipartito, con arbitrariedad, puesto que de 42 licencias "concedidas en los mismos suelos" solo impugnó 10. Olvidó admitir que los tribunales le han dado la razón en la mayoría de pleitos.