CC OO y UGT suman 750.000 firmas frente a la reforma laboral

La campaña de UGT y CC OO contra la reforma laboral no acabó con la huelga general. Visto que el paro del 29 de septiembre no provocó la marcha atrás del Gobierno, han impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para echarla abajo. De momento, ya han dado el primer paso: han logrado en dos meses el número mínimo de firmas necesarias para llevar su propuesta al Parlamento, medio millón. Y lo superan. Han reunido 750.000, según los cálculos de CC OO y UGT.

El siguiente paso es llevar la ILP al Congreso, donde se iniciaría el debate, que puede acabar con el rechazo de la propuesta. El texto de los sindicatos echa abajo los pilares básicos de la reforma. Por ejemplo, elimina la posibilidad de despedir por causas económicas justificadas -lo que conlleva la indemnización de 20 días por año trabajado- solo con la previsión de pérdidas. "Ha de poner en cuestión la propia viabilidad de la empresa", expresa la ILP. Otros cambios serían la prohibición de que agencias privadas de colocación intermediaran en el mercado laboral o imposibilitaría que el FOGASA pagara parte de los despidos procedentes.

La recogida de firmas arrancó el pasado marzo, una vez logrado el visto bueno del Congreso y de la Junta Electoral Central, los órganos que tienen que validar el texto legislativo propuesto. En este periodo, CC OO ha recogido medio millón de firmas, y UGT, 250.000. Según Antonio del Campo, responsable de Organización de CC OO, es previsible que un 10% de las firmas decaigan cuando la Junta Electoral compruebe la validez de los apoyos (por duplicidades o falta de datos). A los sindicatos no les preocupa porque han superado holgadamente el listón exigido para la ILP.

Aún no hay fecha para dejar de recoger firmas y presentarlas, según admite José Javier Cubillo, de UGT. Así que los apoyos subirán, aunque no alcanzarán el millón previsto en principio.

Seis meses de plazo

Las centrales no pueden ya demorar mucho la fecha de presentación de la ILP si no quieren que el final de la legislatura se les eche encima. Desde que la Junta certifique que se han recogido las firmas necesarias para llevar al Parlamento la ILP, el Congreso tiene seis meses para admitirla a trámite. Si apurara el plazo, la iniciativa empezaría su andadura en diciembre, apenas tres meses antes de que acabe la legislatura. Casi al mismo tiempo se disolverán las Cortes.

El trámite podría agilizarse si hay voluntad política. No parece que ese vaya a ser el escenario. Ni PSOE ni PP ni los grupos que suelen apoyar al Gobierno (PNV, CiU y Coalición Canaria) comparten las tesis sindicales.