Una ley de innovación e innovadora

Alguien dijo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo; simplemente, porque las decisiones adoptadas hoy condicionarán la realidad a medio y largo plazo. Y una de ellas, sin duda, tiene que ver con el porvenir de nuestra economía: hablaremos de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados, nos hallamos ante una ley que intenta responder a las necesidades y demandas de nuestro sistema de I+D+i, un sistema que ha debido fajarse dentro del marco normativo en vigor desde 1986; en concreto, desde la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (más conocida como ley de la ciencia). Aquella, por qué negarlo, ha llevado a España a ocupar la novena posición internacional en materia de producción científica. De hecho, nuestra comunidad investigadora es hoy seis veces mayor que en 1986.

La estrategia pone en liza una maquinaria potente. Ahora requiere energía para hacerla funcionar

El sueño de convertirnos en potencia innovadora estaría más cerca de convertirse en realidad

Sin embargo, eran muchas las voces que reclamaban la adecuación de la normativa a un contexto global que propiciara no solo la generación de conocimiento, sino también su aprovechamiento económico. Un panorama en el que la colaboración y la internacionalización, entre otros factores, juegan un papel crítico en el camino hacia el traído cambio de modelo productivo.

A todo ello se suman datos que, en cierto modo, cuestionan el balance innovador de nuestro tejido económico. Sin perdernos en cifras, un par de ellas pueden resultar elocuentes.

En 2009 (últimos datos del INE), España invirtió en I+D el 1,38% del PIB, frente al 2,33% de media de los países de la OCDE. Si hablamos de empresas, las españolas gastaron, en términos relativos, menos de la mitad que sus homólogas de países pertenecientes a dicho organismo. En cuanto a solicitud de patentes, otro baremo que configura la actividad innovadora de un territorio, sabido es que España ha venido mostrando una actitud más bien timorata. Por término medio, solicitamos 29 patentes europeas por cada millón de habitantes, frente a las 105 de media en la UE-27; o lo que es lo mismo, patentamos menos de la tercera parte de lo que debiéramos para alcanzar el tren europeo.

Dadas las circunstancias, y conforme a su título preliminar, el objeto de la nueva ley es consolidar un marco para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con un fin concreto: contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social a través del conocimiento y -atención a este concepto- la innovación.

Y es que la inclusión del término innovación en el título completo de la ley que nos ocupa no es, en absoluto, baladí. Al contrario, supone reconocer implícitamente la importancia del mercado desde su misma concepción. Significa poner los medios para estimular todo lo que tiene relación con la creación de valor. Porque, como se suele decir, sin generar IVA no existe innovación; todo lo demás se queda en investigación más o menos básica, más o menos aplicada.

Abundando en esta cuestión, se reconoce la diferencia sustancial entre el fomento de la investigación y la innovación, siendo esta última un reto mucho más transversal. Su impulso se plantea a partir de la denominada Estrategia Estatal de Innovación para 2015 (E2I), instrumento clave para ajustar la normativa a la realidad del mercado.

Dicha estrategia, incluida y enfatizada dentro de la propia ley, plantea duplicar la actividad innovadora de nuestra economía con objeto de situar a España en la novena potencia innovadora del mundo. Para ello se plantean ambiciosos objetivos cuantitativos. Entre ellos, aumentar la I+D privada en 6.000 millones de euros anuales, subir al vagón de la innovación a 40.000 nuevas empresas y generar 500.000 empleos en media y alta tecnología.

Para alcanzar estos números, la Estrategia Estatal de Innovación plantea un plan de acción sustentado en cinco pilares: la cooperación territorial, las personas, las finanzas, los mercados y la internacionalización. Se trata de un entramado fuertemente cohesionado que propone múltiples iniciativas que merecerían análisis aparte: el fomento de la compra pública innovadora, la introducción de las empresas en el mercado alternativo bursátil, la adopción de medidas para el aumento del retorno en programas europeos de apoyo a la I+D+i y un largo etcétera.

El eje de este mecanismo lo constituye la transferencia de conocimiento. Un leitmotiv que pone de manifiesto la importancia de la cooperación en este escenario. Una colaboración con mayúsculas que se refleja en, al menos, tres dimensiones: en el empleo de estrategias complementarias en un plano regional, estatal y europeo; en la coordinación entre los resortes y organismos concebidos por la Administración para el impulso de la ley; y, finalmente, en la propuesta de actuaciones para propiciar la interacción entre los múltiples actores implicados (empresas, centros de conocimiento, Administración, organismos intermedios y consultoras, etcétera).

Por lo expuesto, la carrera por la innovación está planteada. La estrategia es clara y pone en liza una maquinaria potente. A partir de ahora, requerirá energía para hacerla funcionar a pleno rendimiento. Al menos, la misma empleada por nuestras empresas, en las que sus partidas de I+D adquieren un protagonismo creciente. Así lo confirma, por ejemplo, la Comisión Europea en su informe anual Industrial R&D Investment Scoreboard. Mientras que las firmas europeas invirtieron en 2009 un 2,6% menos que en el ejercicio anterior, las compañías más innovadoras de nuestro país, en el mismo ejercicio, incrementaron sus inversiones en I+D en más del 15%.

El tejido empresarial español parece estar, por tanto, en buena disposición. Al menos, en cuanto a las grandes corporaciones se refiere, tractoras de buena parte de nuestra economía. Si, además, sabe aprovechar la panoplia de medidas propuestas por la ley, el sueño de convertirnos en potencia innovadora estaría más cerca de convertirse en realidad. Al menos existe cierta unanimidad en un plano político. Y eso, en España, no es poco.

José María Zabala Martínez es director general de Zabala Innovation Consulting.