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Reportaje:Economía global

El algodón florece de nuevo

La subida de los precios propicia un aumento de la superficie de cultivo en España

El algodón ha sido uno de los cultivos emblemáticos andaluces por su peso histórico en el empleo y la economía de la comunidad autónoma: más de un millón de jornales, 10.000 agricultores, 24 empresas desmotadoras que llegaron a contar con más de 2.000 trabajadores y, sobre todo, eje de la actividad en 140 pueblos. Por esos motivos, su mantenimiento ha sido un viejo objetivo, tanto de las organizaciones agrarias como de los sindicatos de trabajadores y de las propias Administraciones central y autonómica. La caída de las siembras ha creado un problema social en la región.

En el pasado hubo momentos en los que se temió por su desaparición. Hoy, los precios en los mercados internacionales -los más altos desde la Guerra de Secesión en EE UU, en 1865- hacen que el cultivo del algodón haya renacido de sus cenizas y que se haya desatado una fiebre no solo por aumentar las superficies de cultivo, sino también para potenciar sus rendimientos.

El cultivo superará las 72.000 hectáreas con una cosecha de 200.000 toneladas

En los años ochenta, antes del ingreso de España en la Unión Europea, el incremento de los costes de producción derivados del uso masivo de mano de obra y el rechazo de los sindicatos a la recolección mecanizada pusieron al cultivo del algodón contra las cuerdas. Aquella situación se solventó con el desarrollo de planes de cultivo y acuerdos con los representantes de los trabajadores.

El ingreso en la UE supuso la aplicación progresiva de unos mecanismos de ayuda y regulación comunitarios basados, en el caso del algodón, en fijar un precio objetivo, un precio mínimo y ayudas compensatorias en función de los precios habidos en los mercados para una producción máxima garantizada de 249.000 toneladas para España, 1.031.000 toneladas para Grecia y 360 para Portugal. La producción comunitaria apenas si cubre el 20% de las necesidades internas.

Un primer ataque al cultivo del algodón se produjo en 2004 con la aprobación de una nueva regulación del sistema de ayudas, que entró en vigor en 2006, de acuerdo con la estrategia comunitaria de ir a un desacoplamiento en los pagos. Esta regulación eliminó el sistema de cantidades máximas garantizadas por países con pagos compensatorios y lo sustituyó por un mecanismo mixto basado en ayudas acopladas ligadas a la producción y otras desacopladas ligadas a la superficie histórica. Este sistema contemplaba el pago del 65% de las ayudas, 1.509 euros por hectárea desligadas de la producción y otros 1.039 euros ligados al cultivo sobre una superficie de 70.000 hectáreas. Además, no se establecieron exigencias mínimas de laboreo y el desarrollo adecuado de las siembras.

Desde el sector se rechazó la reforma por considerar que iba a suponer el desmantelamiento de la producción y la industria, al desincentivar el cultivo y, con ello, todo el tejido económico de amplias zonas algodoneras. La Administración y el conjunto del sector se pusieron de acuerdo para recurrir la regulación ante las instancias comunitarias sobre la base del Protocolo de Adhesión de Grecia. El Tribunal falló a favor de España y obligó a Bruselas a modificar su regulación de los pagos. Pero ya era tarde. Las superficies de cultivo cayeron hasta las 62.000 hectáreas en 2006 y hundieron los rendimientos por hectárea, que pasaron de medias cercanas a los 4.000 kilos por hectárea a poco más de 2.000.

De acuerdo con el mandato del Tribunal comunitario, Bruselas volvió a modificar en 2008 el sistema de ayudas al algodón, pero manteniendo algunos de los puntos más importantes. La ayuda acoplada o ligada a la producción se elevó a 1.400 euros por hectárea, pero solo para una superficie de 48.000 hectáreas. La ayuda desacoplada se fijó en 1.538 euros, cifra a la que se aplicó un ajuste del 15% para la obtención de fondos para apoyar el desarrollo de producciones integradas con una ayuda medioambiental de 350 euros por hectárea, modulada en función de la superficie por la que se soliciten ayudas.

La nueva regulación no se tradujo en cambios espectaculares en el sector algodonero. Las superficies de cultivo siguieron cayendo hasta poco más de 50.000 hectáreas en 2008, y los rendimientos mantuvieron la misma línea de caída hasta unas producciones ligeramente superiores a los 1.000 kilos para cubrir, al menos, las exigencias legales para cobrar las ayudas. Las producciones, que habían llegado en 2004 y 2005 a casi 350.000 toneladas, cayeron a su nivel más bajo en 2008: solo 56.000 toneladas.

La recuperación del cultivo del algodón no se ha debido a la política de ayudas, sino a la escalada de los precios en los mercados internacionales, que han pasado en poco más de un año de 0,23-0,27 euros el kilo a superar los 0,70 euros, tras una caída en las producciones por malas cosechas y una mayor demanda de países como China.

La respuesta a este comportamiento de los mercados ha sido el aumento de las superficies hasta más de 70.000 hectáreas y, sobre todo, un mayor gasto en medios de producción, abonos y semillas, para ir a los máximos rendimientos posibles por hectárea con unas previsiones de producción para esta próxima campaña superiores a las 200.000 toneladas.

Desmantelamiento industrial

Los cambios en la regulación de las ayudas al algodón también afectaron directamente a la industria desmotadora que se había desarrollado en las últimas décadas y que trajo consigo la apertura de 28 plantas -24 en Andalucía y otras 4 en Murcia-, con una capacidad para transformar más de 400.000 toneladas y con un empleo fijo de unas 2.000 personas.

El hundimiento de la producción obligó a la puesta en marcha de un plan de reestructuración para proceder al desmantelamiento del sector. Este plan contemplaba unas ayudas de 48 millones de euros para las industrias que se acogieran al mismo y tiene una vigencia de ocho años. Las industrias se comprometían a no volver a la actividad en un periodo de 10 años. Su aplicación ha supuesto el cierre de 21 plantas. El valor de los activos del sector desmotador se cifraba en 298 millones de euros.

Ante esta próxima campaña, las preocupaciones se han trasladado a los algodoneros. Representantes de Asaja y UPA temen que con las desmotadoras hoy en funcionamiento sea muy difícil atender adecuadamente las necesidades del sector para esta campaña. Javier Fernández, de UPA, teme además que puedan actuar como oligopolio y pagar precios más bajos. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de mayo de 2011

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