El concurso de Noriega se enquista

La crisis económica ha colapsado los juzgados españoles por la ruina de las empresas y las consecuencias legales que acarrean. Los concursos de acreedores ocupan extensos espacios de las oficinas. Y los macroconcursos de grandes grupos suponen una carga de trabajo inusitada, que prolongan los tiempos y enervan a los acreedores, quienes esperan una pronta resolución para cobrar su parte. Eso ha pasado en Córdoba con el concurso de siete empresas del grupo Noriega, una de las mayores constructoras de la región. Casi 2.500 acreedores miran preocupados la prolongación de la primera fase concursal.

El de Noriega se ha convertido en el más importante concurso de acreedores de Andalucía. Lo reconoce el juez de lo Mercantil de Córdoba que lo instruye, Fernando Caballero. "Cuando terminamos los 25 tomos del informe, vimos que el concurso de Noriega superaba en el pasivo al concurso de Aifos. Si el de Aifos eran alrededor de 1.100 millones de euros, el de Noriega ha subido hasta los 1.158,4 millones de euros", destaca el juez. Además, el caso de Noriega cuenta con otros 420 millones de euros de créditos contingentes, es decir, una deuda de la que no se tiene plena certeza de su cuantía e incluso de su existencia.

Los juicios fijados para 2012 podrían retrasarse por las 251 impugnaciones

En siete concursos hay 2.437 afectados que representan 14.790 créditos

La clave para entender el prolongado proceso que requieren estos concursos radica su propio volumen. En los siete concursos de Noriega, hay 2.437 acreedores que representan 14.790 créditos, ya que cada acreedor puede tener varios créditos diferentes. Pero a pesar de todos los logros del juzgado, que ha conseguido agilizar los trámites con diversas innovaciones, existe una piedra en el zapato que puede ralentizar el proceso: las impugnaciones. El proceso se encuentra ahora terminando el plazo de impugnación de la lista de acreedores. Y han aparecido 251 incidentes concursales que dudan de diferentes créditos. Fundamentalmente son de la empresa (175) y no se esperan muchos más. "Se trata de un número importante de impugnaciones que puede alargar la tramitación. Fíjese que en 2010 se presentaron en estos juzgados 93 incidentes en todos los concursos que se tramitaron", explica el juez Caballero.

La duración de los mismos va a depender de la posición de la Administración Concursal -el órgano gestor colegiado de las entidades concursadas que incluye abogados, economistas y acreedores- con respecto a los incidentes. "Si la Administración considera que tienen razón los que han impugnado, lo que se conoce como un allanamiento, no habrá controversia. Pero en otros casos será necesario aportar pruebas y habrá que señalar vistas", apunta el juez de lo Mercantil. En Córdoba ya se han producido algunos allanamientos. En cuanto a los juicios, la sala los está señalando para finales de enero de 2012. "Si son muchos los incidentes para los que hay que señalar juicios, lógicamente se prolongará todo bastante", advierte el juez.

Este hecho retrasaría el comienzo de la segunda fase del concurso, la del convenio. En esa fase, las siete empresas concursadas tienen que presentar una propuesta de convenio para satisfacer a los acreedores. Si éstos lo aprueban en asamblea, termina el concurso. Si no, se entra en la fase de liquidación, con lo cual se vende todo el patrimonio -la masa activa- para pagar a los acreedores.

Eso supone más tiempo y más esfuerzo para los afectados. Y los acreedores no quieren pasar por ahí. "Tememos que se pueda dilatar mucho más, lo que postergaría la fase de convenio", afirma Rafael Serralbo, portavoz de la plataforma de acreedores. "Las empresas que están adheridas a la plataforma hemos conseguido que todos los incidentes concursales que han surgido con estas empresas se solventasen en un solo acto", destaca. Pero los 251 créditos que han impugnado el deudo son de empresas que no pertenecen a esta plataforma. Por eso, los acreedores asociados quieren saber quiénes son los otros afectados para intentar mediar y solventar la solución. "Hasta que no tengamos los nombres de las empresas no podemos hacer nada". Es decir, cobrar se aleja.