Los servicios públicos solo facilitan empleo al 2,4% de los trabajadores

Uno de los objetivos prioritarios de la reforma de las políticas activas de empleo, ya en trámite parlamentario, es lograr que los servicios públicos de empleo sean más eficaces al intermediar entre las empresas y las personas que buscan trabajo. A tenor de los datos que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tarea será ardua. En 2010, solo un 2,4% (374.000 personas) de los 15,3 millones de asalariados aseguraron haber logrado su empleo gracias a la gestión del antiguo Inem.

Desde 2005, año en el que se empezó a realizar una explotación más amplia de la encuesta de población activa (EPA), la proporción de trabajadores que fueron contratados gracias a los servicios públicos de empleo nunca había sido tan baja. Y, como viene ocurriendo desde 2006, las empresas de trabajo temporal generan más ocupación (un 3% de los asalariados), pese a que no pueden operar en algunos sectores, como la construcción. El contraste es mucho mayor en el colectivo de personas de entre 25 y 34 años: un 2,1% se colocaron a través de los servicios públicos de empleo; un 4,8% gracias a las empresas de trabajo temporal.

Casi medio millón de parados lleva tres o más años sin trabajo

Los datos confirman la vuelta a las aulas ante la falta de oportunidades

Como atestiguan las cifras, ni los servicios públicos de empleo ni las empresas de trabajo temporal son la vía más frecuente para lograr un contrato. El tradicional boca a boca, los anuncios de ofertas de trabajo (con Internet copando todo el protagonismo) y las oposiciones en el caso del empleo público son caminos mucho más frecuentes.

El Ministerio de Trabajo pretende, con la reforma, dar un golpe de timón a las políticas activas de empleo, financiadas por el Gobierno central: la idea es destinar menos dinero a bonificaciones de contratos y más recursos a orientación laboral y formación, las dos políticas que gestionan las comunidades. Trabajo ya ha destinado 104 millones de euros a la contratación de 3.000 orientadores laborales en las oficinas autonómicas de empleo; su función es diseñar itinerarios personalizados de formación y búsqueda de empleo a parados con especiales dificultades para volver al mercado laboral.

Aun así, los límites presupuestarios que afectan a toda la Administración se harán notar. La dotación para las políticas activas de empleo este año es de 7.316 millones, un 5,5% menos que en 2010. Y, pese a las dificultades del mercado laboral español, que ha iniciado 2011 con 4,9 millones de parados, el gasto en políticas activas es tradicionalmente más bajo que en otros países europeos: un 0,7% del PIB (los datos más recientes son de 2008) frente al 0,8% de Francia y Alemania, el 1% de Holanda o el 1,2% de Dinamarca. Las diferencias son más marcadas si se pone la lupa en la intermediación laboral, la política con menos presupuesto hasta ahora. Según un informe presentado la semana pasada por la OIT, en España hay un orientador en los servicios públicos de empleo por cada 450 parados, una proporción que cae por debajo de 50 desempleados en Alemania, Reino Unido o Dinamarca.

La reforma no solo pasa por darle la vuelta a los servicios públicos de empleo, también por involucrar en la intermediación a las empresas privadas, una iniciativa que causa amplios recelos entre los sindicatos. Trabajo está a punto de otorgar las primeras licencias para constituir agencias privadas de colocación (hay 33 solicitudes sobre la mesa). Además, también negocia con los agentes sociales las condiciones que permitirán a las empresas de trabajo temporal (que no orientan al parado, solo canalizan las demandas de otras empresas) operar en la construcción o en el sector público.

La explotación de datos de la encuesta de población activa suministra más información relevante para tomar el pulso al mercado laboral. Las submuestras que publica el INE detallan cuántos desempleados llevan tres o más años buscando trabajo, un dato que da fe del desglose del paro de más larga duración, aquel que no tiene ya derecho a prestaciones (un máximo de dos años) o a las ayudas de 400 euros cuando aquellas se agotan (seis meses). En promedio, más de 493.000 parados llevaban tres o más años sin trabajo en 2010. Es el volumen más elevado en el último lustro, casi el doble que dos años atrás.

La alarmante falta de trabajo se deja notar en otros indicadores. En 2010, casi 25.000 personas que antes estaban jubiladas estaban en el mercado laboral buscando trabajo sin éxito. En 2008 apenas había 3.300 personas así. Y entre los asalariados con empleo temporal, los que aseguran que tienen este trabajo porque no hay opción de lograr un indefinido también crece de forma significativa: ahora es el 87% de las personas con empleo temporal, frente al 70% que era habitual en los años precedentes.

Otro fenómeno que las submuestras de la encuesta de población activa ilustra bien es de la vuelta a las aulas: personas, jóvenes o no, que ante la imposibilidad de encontrar trabajo, aprovechan para mejorar su formación, y así, sus posibilidades de lograr un puesto de trabajo. En el promedio de 2010, había más de seis millones de personas mayores de 16 años asistiendo a algún curso, reglado o no, unas 250.000 más que en 2008. Es una cifra récord en el último lustro, igual que lo es la proporción de los inactivos mayores de 16 años (aquellos que no tienen empleo ni lo buscan ahora) que se están formando.