El 'síndrome de Mourinho'

Las cosas serían más sencillas si el Derecho fuera una ciencia exacta, los conceptos jurídicos tan determinados que no cupiera margen interpretativo alguno, y si pudiéramos fabricar, o encontrar en alguna galaxia ignota, jueces sin carne y sin sangre, sin ideología, sin emociones, iguales entre sí en memoria, capacidad y rendimiento. Lamentablemente, el estado actual de la ciencia no nos permite la más mínima ilusión al respecto y, queramos o no, hemos de acostumbrarnos a convivir en un sistema en el que jueces con sentimientos, con ideología, con capacidades individuales diferentes, tienen que valorar la realidad, interpretar las normas e integrar conceptos jurídicos indeterminados. Sin leyes y sin jueces no hay democracia posible. Por eso, ya he dicho en otras ocasiones que, entre mis héroes cotidianos, están los jueces.

Sin auténtico respeto a los jueces, la convivencia democrática peligra

En el país que está a la cabeza de todas las democracias, los Estados Unidos de América, quien interpreta la Constitución es un Tribunal Supremo de nueve jueces, nombrados por el presidente con carácter vitalicio, según se van produciendo inexorablemente las vacantes. Cada presidente elige su candidato teniendo en cuenta, no solo su preparación jurídica, que se da por descontada, sino también los criterios sobre el espíritu y contenido de la Constitución y de las normas jurídicas del candidato. Ello explica que las sentencias que resuelven las cuestiones de mayor trascendencia y calado constitucional se adopten con frecuencia por un estrecho margen, coincidiendo casi siempre los magistrados nombrados por un presidente republicano de una parte, y los elegidos por un presidente demócrata de la otra. Sin embargo, nadie descalifica a esos jueces y a sus sentencias, ni mucho menos pone en cuestión su legitimidad. Este modelo no es perfecto, como cualquier otro, pero allí funciona y se acepta pacíficamente. Allí los ciudadanos consideran normal, y coherente con el propio pluralismo político, que haya jueces conservadores o progresistas, aunque el número de uno y otros depende en definitiva de quien sea presidente en el momento en que un juez fallece o su salud le obliga a renunciar al cargo.

En España, país con una cultura democrática todavía muy deficiente, parece como si buena parte de los políticos y de los analistas padecieran el síndrome de Mourinho, que, como sabemos, consiste en tener una visión conspirativa de la realidad y en culpar a los árbitros de toda derrota, ocultando los fallos propios y declinando toda la responsabilidad por la misma. Con las sentencias del Tribunal Supremo y luego del Tribunal Constitucional sobre Bildu ha llegado al paroxismo una conducta deleznable que viene de lejos: atizar, con expresiones y modos a veces injuriosos, la desconfianza de los ciudadanos en la justicia constitucional y ordinaria, y endosar a los jueces culpas y responsabilidades que en gran medida corresponden a esos mismos políticos.

Los ejemplos son muchos y clamorosos. Incapaces de llegar a un acuerdo sobre el desarrollo autonómico, aprueban un nuevo Estatuto para Cataluña, sabiendo que contenía preceptos básicos inconstitucionales, y luego pretenden que sea el Tribunal Constitucional el que arregle el entuerto. Dejan pasar décadas sin modificar las normas franquistas sobre cómputo y cumplimiento de las penas, y luego reprochan a los tribunales que odiosos asesinos salgan a la calle en un tiempo y condiciones que los ciudadanos no entienden. Se duelen farisaicamente de la lentitud de los procedimientos judiciales, mientras no hacen lo suficiente, ni en el Congreso ni en los ministerios, para mejorar las leyes procesales y para erradicar una endémica penuria de medios personales y materiales en la Administración de Justicia. Sin ningún rubor, son capaces de sostener un día, cuando la sentencia no les conviene, que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado, prescindible y, desde luego, definitivamente desprestigiado, para el siguiente convertirle en acertado avalista de sus tesis cuando la sentencia les es favorable. No pierden ocasión de insinuar y de crear la apariencia de que tienen la capacidad e influir en las decisiones de los jueces, tanto más cuanto más altos y supremos sean éstos, aunque de tal aberración no exista prueba fidedigna.

En esta conducta irresponsable están acompañados de tertulianos omniscientes y provocadores, así como de periodistas tan poco informados como malpensados, que están sirviendo de elemento propagador entre los ciudadanos de ese síndrome de Mourinho. Se construyen relatos a partir de la suspicacia y de procesos de intención, opinando sobre la labor de los tribunales y sobre la calidad de sus resoluciones desde el desconocimiento de los más elementales conceptos jurídicos, manipulando la información desde su titular.

Pienso que todos debemos mandar parar, como tienen que parar los jueces que se dedican desde el anonimato a filtrar información, sea por incontinencia verbal o por razones inconfesables; los que se exhiben imprudentemente en compañía de políticos; los que hacen un uso alternativo de la toga; los que olvidan que un juez sólo debe opinar en sus resoluciones sobre las materias y casos sometidos a su competencia y relacionados con su función. Ciertamente, quienes así actúan son muy pocos, pero el daño que causan es enorme, ya que contribuyen a que los ciudadanos desconfíen de la independencia y de la honradez de todos los jueces, y acaben por creer a quienes padecen el síndrome de Mourinho. Todos tenemos que parar, porque sin una dosis razonable de confianza en los jueces y de auténtico respeto a su actuación y a sus decisiones, la convivencia democrática peligra seriamente.