Las eólicas cargan el canon de la Xunta a los dueños del monte

De un lado, los propietarios de los montes. Del otro, las empresas que tienen que empezar a desarrollar los parques conseguidos en el último reparto eólico. En el fondo, un problema social o, simplemente, una cuestión de dinero. Las sociedades ganadoras del concurso se han empezado a mover para instalar sus molinos. Airosa Vento (participada por Copasa), ya ha ofrecido precontratos a particulares en A Estrada, donde le han adjudicado 18 megavatios. En Forcarei y Silleda se están dando negociaciones similares y otras empresas, como Estela Eólica, han tanteado a propietarios. La mayoría, como Norvento, se limitan a ponerse en contacto con los titulares de las parcelas para incluirlos en los proyectos que deberán presentar ante la Consellería de Economía en junio.

Los que optan por ofrecer dinero a los titulares del monte avanzan precios que para los sindicatos agrarios son "una broma". Estos acusan a las eléctricas por querer trasladarles los costes del canon eólico, una tasa que se ampara en la Ley de Aprovechamiento Eólico de Galicia impulsada desde el Gobierno del PP que vio la luz en 2009.

Marcos Louzao, del Sindicato Labrego Galego, explica que en varias parroquias estradenses se han puesto en pie de guerra porque consideran una burla las ofertas. La presidenta de los vecinos, Fina Rodríguez, asegura que lejos de estar de acuerdo, los titulares del monte catalogado ahora como Área de Desarrollo Eólico se beneficiaron hace 11 años de unas ayudas europeas para plantar pinos. Si los talan deberán devolver el dinero y los intereses. "¿Pero no habrá monte suficiente en otro lugar?" se pregunta.El precontrato de Airosa incluye un pago de 0,5 euros por cada metro cuadrado ocupado y 3.000 euros por megavatio instalado. "Hace pocos años se llegó a pagar un 33% más. Lo mínimo es que los dueños de los terrenos reciban el 1% de lo que produce el parque", señalan desde Unións Agrarias. "Es una estrategia. Intentan coger desprevenidos a los propietarios, porque saben que hasta dentro de dos o tres años no van a poder desarrollar el parque". Se ha corrido la voz entre los vecinos para que nadie firme, y menos antes de conocer el proyecto completo del parque. En las parroquias de Olives, Pardemarín, Agar, Curantes y Orazo, donde las concesiones llegan a 80 megavatios con entre 20 y 50 aerogeneradores, 220 vecinos han firmado un manifiesto ante la oficina agraria de la comarca para que se defienda el interés de sus explotaciones. Sin embargo, en el sector consideran que la oferta es muy razonable, en línea con lo que se negociaba antes de que estallara la crisis.

Varias empresas consultadas justifican, sin embargo, que las ofertas tenderán a bajar porque el pago del canon a la Xunta ha hecho "mucho daño", al sector. Añaden que tienen que soportar una mayor presión fiscal y el deterioro de las primas del Gobierno. "Estamos obligados a ajustar a la baja los costes de explotación", reivindican. Sólo un portavoz de Norvento desvincula una cosa de la otra: "En el 80% o 90% de los casos hemos conseguido acuerdos. Estamos obligados a hacer ofertas responsables y a lo largo del tiempo hemos visto un incremento paulatino de los pagos a propietarios".

Los dueños del monte no solo quieren hablar de dinero. "Surgen otros problemas. El marco normativo actual ata de pies y manos a los propietarios eólicos, nos pone de rodillas ante las empresas", denuncia Louzao. José Antonio Diéguez, de Unións Agracias, se pregunta cómo pueden llegar a ofrecer menos del 1% del rendimiento del parque "cuando en el anterior concurso estaban dispuestos a ceder el 14% del aprovechamiento a la Xunta". "Esto es la rapiña de la propiedad de los montes".

Niega que los parques sean inocuos. "Es evidente que tienen un impacto negativo. Una instalación eléctrica en la cima de un monte causa distorsión. Las palas producen un efecto discoteca al proyectar sombras a tres o cuatro kilómetros. Transforman el paisaje, contaminan acústicamente y utilizan toneladas de hormigón para las zapatas". Los empresarios rebaten estos argumentos recordando que dan valor a terrenos yermos donde "se pueden continuar desarrollando actividades agrícolas, como la ganadería".

Tras una década de fuerte impulso eólico, Galicia sigue sin encajar adecuadamente los costes, aunque se trate de una energía limpia y necesaria para terminar con el abuso de combustibles fósiles. "En Galicia somos excedentarios en producción eléctrica ¿por qué tenemos que enturbiar más el entorno? El rural está pagando el nivel de vida de las ciudades con la amenaza de 'o me firmas este contrato o te expropio", ataca Diéguez, que cree que el 90% de los afectados cobra menos de 100 euros por el arrendamiento. "El canon eólico [por el que la Xunta ingresa al año 22 millones] va a servir para pagar las indemnizaciones del concurso anterior", concluye.