La aplicación de la dependencia se mantiene en los puestos de cola

Pasan los meses y la fotografía apenas varía. El último informe del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (de mayo) muestra una vez más la imagen de una Comunidad Valenciana anclada en los puestos de cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Junto a los datos oficiales que publica mensualmente el Gobierno, estos son algunos de los aspectos más destacados de la Dependencia en el territorio valenciano.

- Penúltima en cobertura. Solo Canarias (0,49%) arroja peores tasas que la Comunidad Valenciana (0,89%) en personas que reciben prestaciones en relación a la población total de la autonomía. La media en España es del 1,56% y en cabeza está Andalucía con 2,25%. Fuentes de Bienestar Social explican que este porcentaje tan bajo está relacionado con la también baja tasa de solicitudes presentadas (un 2,06% de la población frente a la media estatal de 3,41%). Ello plantearía otra cuestión ¿Por qué con una estructura poblacional muy similar a la del resto de España los valencianos reclaman menos las ayudas a la dependencia? Los datos del Ministerio muestran otro hecho destacable. Hay 28.484 personas a las que se les ha reconocido el derecho de percibir las ayudas y no las cobran, lo que representa el 38,4% de ellos.

Solo Canarias arroja un peor resultado de prestaciones sobre su población

Los sindicatos dicen que se podrían crear 30.000 empleos si la ley se aplicara bien

- Aprobación de expedientes a trompicones. El ritmo de aprobación de resoluciones en las que se conceden las ayudas rondan el millar al mes de media. Sin embargo, hay meses, como el de marzo, pasado en el que la cifra se disparó sorprendentemente hasta los 8.945. Y otros, en los que la actividad es tan baja que el número es negativo, lo que sugiere que las altas son inferiores a las bajas. Es lo que ha sucedido este mes. Si en los datos publicados en abril había 46.238 valencianos recibiendo prestaciones, en los de mayo hay 45.657, es decir, 581 menos. Esta marcha atrás se puede interpretar como que la aplicación de la ley en este apartado retrocede, lo que no deja de ser llamativo dada la larga lista de espera de personas que aguardan a que se les concedan ayudas.

- Decretos en el limbo. En junio del año pasado, la consejera de Bienestar Social, Angélica Such presentó cuatro decretos para mejorar la Dependencia relativos a la regulación del copago, las compatibilidades entre ayudas, la figura del asistente personal y la agilización del procedimiento. Entonces indicó que estarían listos a lo largo del verano pasado. Casi un año después, solo uno ha entrado en vigor: el relativo a los trámites para las ayudas. Desde la Generalitat apuntan que en breve podrían salir adelante las normas relativas al asistente personal y las compatibilidades. Quedaría pendiente el copago -se ha impugnado por parte de una asociación a nivel nacional el acuerdo que se adaptó para aplicarlo-, y otro que reclaman los dependientes y familiares relativo al servicio de atención a domicilio.

- Menor actividad, menor financiación. Desde la puesta en marcha de la ley, en enero de 2007, el Gobierno ha pagado a la Generalitat 288 millones de euros para el desarrollo de la Dependencia. La media sale a 57 euros por valenciano frente a los 103 repartidos a nivel estatal. La explicación de esta diferencia radica en que el Gobierno paga en función de la tasa de cobertura (es decir, la actividad), y la de la Administración valenciana es de las más bajas. La Generalitat sostiene que en este tiempo ha gastado 919 millones de euros y, como el resto de autonomías, reclama que el Estado asuma, al menos, el 50% del coste real de las ayudas. Sobre las comunidades autónomas recae el 70% del peso de la financiación de las prestaciones.

- 30.000 empleos más si se aplicara mejor la ley. Los sindicatos UGT y CC OO sostienen que si la Generalitat aplicara adecuadamente la ley y se extendieran servicios profesionales contemplados en la norma como la ayuda a domicilio o asistentes personales (en ninguno de estos casos hay ayudas concedidas) se podrían crear 30.000 nuevos empleos. Bienestar Social sostiene que ya se han creado 40.000.

- Varapalos judiciales. Los tribunales han puesto en entredicho la ejecución de forma restrictiva de la retroactividad de los pagos y han tumbado las tesis de Bienestar Social que se negaba a pagar a cuidadores desde la presentación de la solicitud de las ayudas.