Las haciendas ven con optimismo el cierre del caso de las ayudas ilegales

El laberíntico proceso judicial abierto por las denominadas vacaciones fiscales vascas se acerca a su desenlace tras la vista celebrada ayer en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que los representantes de las Diputaciones y el Gobierno autonómico salieron "muy satisfechos", según reconoció a este diario un representante foral presente en el juicio. El caso ha quedado visto para sentencia después de que la abogada del Estado Nuria Díaz Abad defendiese la legitimidad de las llamadas minivacaciones fiscales y el crédito del 45% que las haciendas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa concedieron a empresas a mediados de los 90. La defensa de la Comisión Europea, por su parte, se ratificó en la ilegalidad de estas ayudas. El fallo se hará público dentro de varios meses, previsiblemente, antes de finalizar este año.

Iruarrizaga: "Si nos dan la razón decaerá la demanda de la multa"

La Abogacía General del Estado volvió a defender a las Diputaciones

Las haciendas forales ven ahora posible que la Corte comunitaria termine dándoles la razón y, de ese modo, no tengan que hacer frente a la millonaria multa que la UE ha solicitado para España ante los tribunales por no haber recuperado la totalidad de las ayudas concedidas. "Confiamos en que el Tribunal [de Luxemburgo] nos dé la razón", afirmó el responsable del fisco de Vizcaya, José María Iruarrizaga, que acudió a la vista. Su homónimo guipuzcoano, Pello González, consideró que "puede haber alguna posibilidad de que termine para bien esta larga historia de más de diez años de vida". Y José Luis Cimiano, diputado de la Hacienda alavesa, opinó que la presencia de la abogada del Estado en el proceso judicial supone "un aval" para los intereses de las Diputaciones. Las Diputaciones exigen la anulación de una sentencia anterior del Tribunal europeo de Primera Instancia que dio la razón a Bruselas al considerar estas medidas incompatibles con el derecho comunitario y ordenó su devolución íntegra.

La delegación vasca presente en Luxemburgo celebró que durante la sesión, de unas dos horas y media de duración, la representación legal del Estado no tuvo que responder a ninguna pregunta tras su alegato, lo que desde Guipúzcoa se interpretó como una "intervención convincente". Su línea argumental se centró en que medidas fiscales similares a las vascas se aplicaron también en otros puntos de España, como en Navarra, sin que Bruselas actuase contra ellas. También alegó que las haciendas vascas concedieron las ayudas en la "confianza legítima" de que estas eran legales porque la CE dio a entender su conformidad con las mismas.

El representante legal de Bruselas en cambió negó que el Ejecutivo europeo hubiese dado señales positivas acerca de las medidas vascas, argumento al que se sumó el Gobierno de La Rioja, presente en la vista como demandante al considerar que las vacaciones fiscales ocasionaron un "perjuicio económico" a las comunidades limítrofes con Euskadi.

Este proceso por las minivacaciones fiscales y el crédito fiscal del 45% lleva un recorrido paralelo al caso de las conocidas como vacaciones fiscales, aprobadas en 1993 y que estuvieron vigentes durante dos años, cuyo fallo se conocerá el próximo 9 de junio. Este pronunciamiento dará una pista del contenido de la sentencia que la Corte comunitaria emitirá sobre el juicio celebrado ayer.

En todo caso, la Comisión ha demostrado que se mantiene firme en su pretensión de llevar este asunto hasta las últimas consecuencias. Precisamente, ayer se conoció que Bruselas ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE la demanda por la que solicita que se imponga a España la multa millonaria que anunció en noviembre pasado.

Bruselas pide que la sanción ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda. El montante podría superar los 40 millones de euros. "Si nos dan la razón en casación no habrá que recuperar las ayudas y por tanto decaería la demanda que ha interpuesto la CE", indicó Iruarrizaga. La patronal vizcaína Cebek confió en un resultado favorable porque las empresas actuaron "de buena fe" e hicieron "lo que tenían que hacer".