El patrimonio del narco Pelopincho, fuera de control

Pisos y casas no fueron precintados y se teme que hayan sido saqueados

El mayor proceso que se instruyó en Galicia contra el blanqueo de dinero ha puesto en evidencia un sistema judicial huérfano de medios para controlar el enorme patrimonio intervenido en 2004 al narcotraficante gallego, José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, cuyo paradero busca, sin éxito, la Policía Judicial como principal acusado en el juicio que se celebrará en la Audiencia de Pontevedra antes del verano.

A las puertas de este proceso en el que se va a pedir el comiso de los más de 15 millones de bienes y dinero embargado que estaba a nombre de 30 testaferros de Pouso Rivas, los investigadores ignoran el estado en que se encuentran los numerosos enseres que había dentro de las viviendas, equipadas sin escatimar en gastos, e incluso si estas fueron desvalijadas durante los siete años que han permanecido fuera del control judicial.

"El sistema no está preparado para macroperaciones", se queja el fiscal
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Un dilatado proceso

Muebles de todo tipo, electrodoméstico y pantallas de televisión de plasma o sistemas de depuración de piscinas, son algunos ejemplos de lo que se encontró en la mayoría de las casas intervenidas desde el juzgado de Caldas, que dirigió la investigación de la Guardia Civil. Ahora, antes de que el Estado pueda venderlas, ya se han deteriorado o puede que hayan desaparecido. Fuentes del Ministerio Fiscal admiten el desastre y lamentan la falta de una administración judicial para preservar la fortuna de Pouso Rivas cuyo embargo de bienes inmuebles solo consta en el registro de la propiedad, a efectos de bloquear su venta, y que no han sido precintados. Los investigadores solo han contado con el apoyo de un perito que fue contratado durante seis meses por el juzgado para hacer un inventario detallado de los 35 coches intervenidos, las joyas y los facsímiles medievales y renacentistas del narcotraficante.

Además de la incógnita sobre el contenido de las casas, los fiscales de Delitos Económicos y Antidroga que llevaron el peso de la causa se encuentran con otros problemas colaterales, como las deudas de las comunidades vecinales o impuestos municipales que se adeudan de las numerosas propiedades inmuebles intervenidas y a los que habrá que hacer frente sobre un minucioso informe contable.

Con una Agencia Tributaria desbordada, jueces y fiscales se vieron obligados a afrontar asuntos de gestión y papeleo por la falta de un reglamento específico y una orientación clara de cómo y quiénes deben de hacerse cargo de administrar los embargos. "El sistema no está preparado para digerir operaciones de esta dimensión y necesitaríamos una empresa gigante de servicios para controlar todo este patrimonio, desde un carpintero a un cerrajero que cambiase las cerraduras", afirma el fiscal Augusto Santaló, que reclamó más medios para afrontar casos de blanqueo de dinero tan largos.

El fiscal especial de Delitos Económicos cree que la solución pasa por designar una administración regulada por la ley concursal que faculte a los administradores para tomar decisiones y cobren un sueldo por ello desde el momento de la intervención. Al no contar con un inventario general de los bienes inmovilizados "no ha quedado más remedio que ir improvisando y tomando decisiones en ocasiones arriesgadas", subraya Santaló.

La operación servirá de precedente para otras en Galicia y para mejorar los métodos de control de los patrimonios. La instrucción de este macro proceso ha producido un verdadero colapso para un pequeño juzgado como el de Caldas. Con la aprobación del protocolo que regula la venta anticipada de bienes por parte de los juzgados instructores que se ha activado recientemente, la Justicia pretende asegurar los patrimonios intervenidos, principalmente los más vulnerables al paso del tiempo.

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