Tres autonomías se plantean cerrar los Tribunales de Competencia

El control del déficit de las comunidades autónomas (CC AA) tiene que traducirse en recortes reales. Por ello, al menos tres Gobiernos autónomos, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León estudian suprimir sus Tribunales de Competencia, según ha trascendido en las V Jornadas Nacionales de Competencia que se celebraron recientemente. Asimismo, otras comunidades podrían buscar fórmulas para reducir los presupuestos de estos órganos autonómicos, ya que el cinturón aprieta.

En la actualidad hay 12 CC AA que han asumido funciones en Competencia: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Madrid, Canarias y Murcia. Estas dos últimas solo cuentan con Servicio de la Competencia, es decir, únicamente abordan la instrucción de los expedientes. Además, Asturias y Baleares han firmado convenios de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), organismo que vigila y sanciona las conductas contra la Competencia con alcance nacional.

Otras comunidades buscan fórmulas para recortar el gasto de estos organismos

La CNC ha realizado un informe sobre la coordinación del Estado y las autonomías en esta materia en el periodo 2008-2010 en el que dice que "se ha descentralizado el trabajo" lo que considera positivo para el conjunto del sistema. En este informe se afirma que "el desarrollo y la mejor organización de todas las autoridades competentes ha traído como consecuencia el que se asignen más casos a las respectivas CC AA, en detrimento de la Comisión Nacional de la Competencia, así como el mayor número de expedientes iniciados de oficio", y evidencia una mejora de la operatividad, según medios cercanos a la CNC.

En el citado informe, la CNC afirma que "esta realidad hay que interpretarla como uno de los beneficios de la descentralización de la política de defensa de la Competencia", aunque no entra a valorar si se deben o no cerrar tribunales autonómicos. Los tribunales autonómicos tienen jurisdicción en su comunidad y si el problema de Competencia excede de ese ámbito autonómico, pasa a la CNC su responsabilidad de vigilancia y de sanción.

En el periodo estudiado (2008- 2010) las comunidades autónomas han elevado un nutrido número de expedientes de oficio como han sido Andalucía, Madrid y el País Vasco. Algunos de estos expedientes de oficio "son consecuencia del intercambio de información entre autoridades sobre supuestas conductas", según el informe de la CNC.

En el trienio estudiado se ha intercambiado información de este tipo en 21 ocasiones de las cuales 17 son remisiones de la CNC al tribunal autonómico correspondiente. A pesar de que el trabajo se ha podido distribuir de una forma equilibrada en el periodo estudiado el órgano nacional, es decir, la CNC, ha tramitado 11 expedientes que hubieran correspondido a autoridades autonómicas no constituidas.

Las inspecciones se han convertido en los últimos años en un instrumento casi imprescindible para obtener las pruebas de las infracciones que por su complejidad y la especialidad de los autores sería imposible de determinar. También ha funcionado la colaboración en este terreno, según recalcan fuentes de la CNC.

Hasta ahora 36 inspectores autonómicos ha recibido formación de la CNC. El organismo nacional ha solicitado en 13 ocasiones la ayuda de la autoridad autonómica del lugar donde se hizo la inspección. En sentido contrario, un tribunal autonómico ha requerido en una ocasión los servicios de inspección de la CNC.

El apartado de concentraciones de empresas es competencia exclusiva el Estado y por tanto de la CNC, así como la representación en los organismos internacionales con los que en este terreno también existen vínculos de coordinación como establece el Tratado de la Unión Europea.