EU se pone del lado de Camps y le pide al Gobierno que pague

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, recorrió ayer Valencia para lanzar la campaña electoral de sus compañeros de Esquerra Unida del País Valencià (EU) y exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que pague a la Comunidad Valenciana -y al resto de autonomías que lo demandan- el dinero del fondo de competitividad, una partida contemplada en la Ley de Financiación Autonómica cuyo abono es exigido por el Consell pero que el Gobierno solo pretende transferir a partir de 2013.

"La falta de financiación de las comunidades autónomas es un dato objetivo", aseguró Lara, para quien las regiones "no pueden ser las paganas de la política de ajuste que está haciendo el Gobierno", acuciado por el déficit y las dificultades de financiarse en los mercados internacionales.

El líder de IU acusa al PP de exigir cobros ahora, tras vaciar la caja

Ahí acaban las coincidencias entre el líder de Izquierda Unida y el PP, al que achacó, al alimón con el Gobierno central, la crisis fiscal que padecen casi todas las Administraciones españolas, incluida la valenciana. "El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el 40% del déficit de las cuentas públicas del Estado se ha producido como consecuencia de los 15 años de gobierno de Aznar y de Zapatero".

Lara cargó especialmente contra los Gobiernos regionales del PP, que después de "rebajar los impuestos a los más ricos y dejar a la vaca sin leche ahora demanda que el Gobierno cumpla sus compromisos económicos". Tanto el líder de Izquierda Unidad como su homóloga en la Comunidad Valenciana, Marga Sanz, que es también la candidata de la formación para presidir la Generalitat, y el candidato de EU a la alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, abogaron con claridad por restituir el impuesto de patrimonio, con el que se ingresarían 1.500 millones de euros en las arcas públicas, y elevar la fiscalidad sobre las rentas más altas.

Siempre en la línea de aumentar los ingresos del Estado, tanto Lara como Sanz apostaron por que Gobierno y Generalitat valenciana lancen un ambicioso plan contra el fraude fiscal. Según la diputada de EU, aflorar la economía sumergida reportaría 3.000 millones al fisco valenciano, lo que permitiría apostar por políticas que reactivaran el tejido industrial valenciano -que, según dijo, se encuentra "bajo mínimos"- y mejorar los servicios públicos, cada vez más abandonados.

Para Sanz, la política educativa del Consell es el epítome de esta precariedad de los servicios públicos. Así, la coordinadora de EU afirmó que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora "es el homicida del sistema público educativo valenciano por favorecer la escuela concertada y privada y colocarnos a la cabeza del abandono y del fracaso escolar y a la cola en conocimientos de nuestros alumnos".